Desde París

Robin Hood salió del bosque y se desplegó en París. Pocas horas antes de que comenzara en la capital francesa la reunión de los ministros de Finanzas y de los presidentes de bancos centrales del G-20, decenas de ONG del planeta interpelaron a los líderes del G-20 para que apliquen la llamada tasa Robin Hood que grava las transacciones financieras, es decir, especulativas. La tasa es por demás modesta, 0,05 por ciento, pero, según las ONG que sustentan el proyecto, su aplicación podría generar cientos de miles de millones de dólares que servirían para el desarrollo.

Para sus defensores, la tasa Robin Hood no sólo constituye una fuente importante de ingresos para constituir un fondo de ayuda, sino que, también, su mecanismo permitiría corregir algunos delirios y excesos del mercado. Cifras proporcionadas por las ONG que participaron en la iniciativa demuestran que las transacciones financieras generan un volumen de negocios, es decir, una masa monetaria 75 veces superior a los intercambios de bienes y servicios. De allí se desprende el slogan de la tasa Robin Hood: “Gravar la finanza para un mundo más justo”. En la carta dirigida al presidente francés, Nicolas Sarkozy, cuyo país preside actualmente el G-20, las ONG aseguran que “la tasa Robin Hood permitiría sacar cientos de miles de millones de euros cada año para luchar contra la pobreza y el cambio climático. También contribuiría a reducir la especulación financiera y a redistribuir las riquezas”. Las más de 200 ONG que defienden esta iniciativa no se dirigen a un presidente que desconoce el tema. El pasado 25 de enero, en una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Presidencial, Nicolas Sarkozy dijo que aplicar un gravamen sobre las transacciones financieras era “la mejor fórmula para encontrar recursos destinados al desarrollo”.

La idea de esta fiscalidad internacional no es nueva y se diferencia de la famosa tasa Tobin, propuesta hace 30 años . Sin embargo, con la crisis de 2008 la idea ganó adeptos –al menos en palabras– entre las potencias mundiales: Francia, España, Noruega, Austria, Bélgica, Benín y Brasil la defienden, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña, Corea del Sur, Canadá y México la repudian. Según Sebastián Fourmy, portavoz de Oxfam Francia, en un informe de 2010, el FMI calculó que la existencia de una tasa semejante aportaría “266 mil millones de dólares por año”. Aurélie Trouvé, co-presidenta de Attac Francia, acota que si Francia, Alemania y Gran Bretaña la pusieran en vigencia, “sería un inmenso peso político para incitar a otros países”. Sin embargo, el principio dista de crear consensos. Y con la primera potencia mundial en contra, harán falta que muchos Robin Hood salgan de Sherwood para convencer a los poderosos.