El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.

“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.

En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.

En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.

De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.

Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.

“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.

Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.

En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.

“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.

Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.

“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.

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