El empleo en condiciones infrahumanas no es una práctica exclusiva del sector agropecuario. En los barrios porteños de Mataderos y el Bajo Flores subsiste una vasta red de talleres textiles clandestinos emplazados en galpones semiabandonados y casas chorizo. Los trabajadores, en su mayoría de origen boliviano, perciben escuetos jornales por prenda y viven hacinados con sus familias en pequeñas habitaciones o casillas por las que deben pagar alquileres que pueden llegar hasta los 700 pesos por mes. Página/12 presenció ayer tres operativos realizados en Mataderos por un equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo, donde más del 80 por ciento de las personas estaba empleado sin registros y en condiciones precarias.

Los talleres fiscalizados, ubicados a menos de 10 cuadras de Mataderos, producen jeans y remeras para empresas de marcas como Rica Lewis y para los puestos de La Salada. Los dueños de los emprendimientos explotadores pagan a sus trabajadores hasta 3 pesos por prenda, quienes luego reciben tres veces más al entregar esa mercadería. En los puntos finales de venta al público esa misma ropa se ofrece hasta a 100 pesos. Si bien se suspendieron las tareas en los establecimientos y Trabajo notificó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que proceda a la clausura y se avance en la regularización de la situación, el objetivo de los procedimientos es detectar a las empresas que utilizan esos talleres ilegales para maximizar sus ingresos.

El operativo de la cartera laboral comenzó en dos talleres emplazados en la estructura de una fábrica abandonada y semidestruida que ya había sido relevada el 20 de enero pasado y que rápidamente fue reactivada. “Volvemos porque regularizan a algunos trabajadores pero esa situación se da de baja a las pocas semanas. Trabajamos solos porque la Ciudad no acciona, a ellos no les gusta inspeccionar”, expresó la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. La habitación donde estaban las máquinas de uno de los talleres con la faja de clausura violada se encontraba vacía y en una de las mesadas había etiquetas que simulaban el logo de la marca Paula Cahen D’Anvers. Los trabajadores del taller ubicado en la otra punta del predio explicaron que ganan entre 1,3 y 1,5 peso por prenda terminada. En esa vieja fábrica sin techo no sólo funcionan dos pequeños establecimientos dedicados a la confección de remeras y camperas, sino que también se instalaron unas siete viviendas humildes de los trabajadores, quienes tienen que compartir duchas y baño. Claudia, boliviana de La Paz, como la mayoría de los trabajadores relevados, vive con su esposo y dos hijos en una pequeña habitación de material que alquila por 700 pesos.

No se trata de trabajo esclavo porque en los procedimientos realizados no se detectaron situaciones donde los empleadores les retienen el documento o les restringen la movilidad, pero las condiciones en las que viven y trabajan son ilegales, sin medidas de seguridad, en condiciones infrahumanas y con remuneraciones irrisorias. “José Ignacio De Mendiguren (próximo presidente de la UIA y empresario textil) se ha quejado toda la vida de que el Gobierno consiente el trabajo no registrado y así le generamos competencia desleal. Sin embargo, su cámara empresaria nunca ha facilitado datos sobre este tipo de talleres. Ellos los conocen perfectamente porque las empresas de su cámara los utilizan”, denunció ante este diario la viceministra de Trabajo.

El taller más grande de los tres fiscalizados estaba custodiado por dos rottweilers y cuatro cámaras de seguridad. El galpón está habilitado por la Ciudad desde 2009 pero nunca fue inspeccionado por las autoridades porteñas. El 60 por ciento de los trabajadores no estaba registrado y cobraba entre 2 y 2,5 pesos por prenda terminada. Ese establecimiento no tenía viviendas. A diferencia de otros talleres que se vinculan con intermediarios, los dueños de esa planta trabajan directamente con la empresa Rica Lewis. Sin embargo, como se encuentran en temporada baja, habían aceptado confeccionar para otras marcas que utilizan en las etiquetas nombres como Las Espuelas, Planeta Iñaqui y Premium Folk. Esas firmas abonan entre 7 y 8 pesos por vaquero a los dueños de las máquinas.

A mediados de la década pasada un conjunto de denuncias de reducción a la servidumbre que involucraron a grandes marcas como Cheeky, Awada, Montagne, Bensimon y Kosiuko obligaron al grueso de estos talleres ilegales porteños a desplazarse hacia la provincia. Los inspectores de la cartera laboral comentaron que en el conurbano bonaerense los emprendimientos tienen un tamaño superior y los trabajadores son sometidos a peores condiciones: “Los obligan a esconderse y meterse adentro de cajas para que no los encontremos”, comentó una de las inspectoras.

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