El Senado aprobó ayer un proyecto que elimina las sumas no remunerativas dentro de los salarios del sector privado. La iniciativa pretende que a partir del 1º de enero del año próximo toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores surja de convenios colectivos tenga carácter remunerativo. El proyecto, con media sanción, fue girado a Diputados. El diputado Héctor Recalde aseguró a este diario que ya hay acuerdo en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja y estimó que podría sancionarse en las próximas sesiones. La iniciativa reúne la propuesta de Recalde (FpV) y la del senador Eugenio “Nito” Artaza (UCR). Los representantes del bloque Peronismo Federal solicitaron que se incluya a los empleados públicos, pero el pedido no prosperó.

Es una práctica habitual de algunas empresas otorgar aumentos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas. Esta figura implica que no se realizan los aportes y contribuciones pertinentes por esa parte del salario. En muchos casos, las sumas por este concepto se extienden un año y en otros se convierten en una manera de pagar una parte de los salarios en negro por un tiempo indefinido. En la primera sesión del año, el Senado avanzó sobre este problema, aprobando la eliminación gradual de las sumas no remunerativas. “Esto beneficia al trabajador, pero también a los jubilados, porque aumenta la masa crítica de aportes, y a las empresas, porque otorga seguridad jurídica”, expresó Recalde.

El senador Artaza subrayó que la iniciativa “significa el desarrollo de beneficios para el trabajador argentino” y coincidió en que con la puesta en marcha del esquema, la Anses y el PAMI recibirán miles de millones de pesos en concepto de nuevos aportes “que servirán para solventar el sistema jubilatorio y quitarle algo de litigiosidad”. Aseguró que, de obtenerse la media sanción que falta de Diputados, los trabajadores privados irán incorporando el 20 por ciento de esos valores en forma trimestral.

El proyecto contempla que los aumentos no remunerativos producto de las negociaciones colectivas que se desarrollen este año sólo podrán mantener esa condición durante un plazo máximo de seis meses. Después deberán sumarse al salario básico, convirtiéndose “en remuneratorias a todos los efectos legales y convencionales a partir del mes subsiguiente”. Además, las sumas con carácter no remunerativo pactadas en 2011 no podrán ser superiores al 50 por ciento del incremento salarial acordado en esa negociación colectiva. En el caso de los aumentos fijados con anterioridad, adquirirán carácter remunerativo de manera escalonada y progresiva, “a razón de un 20 por ciento de su valor pecuniario por cada trimestre calendario, contados a partir de los noventa días de publicación de esta ley”.

“El próximo paso será trabajar desde la comisión para avanzar eliminando las sumas no remunerativas en los empleados públicos nacionales y de las provincias”, agregó el legislador radical. La aclaración buscó responder a los planteos de algunos senadores que se quejaron por no incluirse a los estatales dentro del beneficio. El debate se inició cuando la senadora Sonia Escudero (Peronismo Federal) preguntó si la iniciativa también estaba destinada al sector público. El radicalismo y el oficialismo coincidieron en que no podía sumarse al proyecto original. El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, señaló que el Senado “no puede entrometerse en las decisiones de los estados provinciales”.

A la salteña se le sumaron su compañera de bancada Liliana Negre de Alonso y el justicialista pampeano Carlos Verna. Por su parte, la legisladora porteña María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) pidió abstenerse en un artículo porque se debía “respetar la igualdad ante la ley”, y sugirió una “discriminación entre el sector público y privado”. A pesar de las salvedades presentadas durante el debate, los senadores del Peronismo Federal votaron a favor de la norma en general, que recibió el aval unánime. No obstante, votaron en contra del artículo 7, que excluye implícitamente a los trabajadores estatales.

Además de la acción legislativa, la Corte Suprema viene dictando fallos en el mismo sentido, que rechazan los mecanismos de pagos no remunerativos.