Producción: Tomás Lukin

[email protected]

---

Se necesita un plan

Por Ariel Lieutier y Fernando Zack *

La toma del Parque Indoamericano en diciembre del año pasado y la reciente ocupación de viviendas en el barrio de Parque Avellaneda dejaron de manifiesto cuál es el resultado cuando se combinan déficit habitacional y desigualdad territorial. En la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 500.000 personas padecen una situación deficitaria en lo habitacional. De ellas, según datos del censo 2010, 163.000 viven en villas y asentamientos precarios. Estos guarismos muestran que la problemática se ha agravado en los últimos años. Mientras la población total de la Ciudad entre 2001 y 2010 creció un 4,1 por ciento, las personas que residen en villas y asentamientos aumentaron en un 52,3 por ciento (esto implica que uno de cada dos nuevos habitantes se alojó en villas). Si estos valores se los compara con los del censo 1991, se observa que en 20 años la población en asentamientos se triplicó.

Esta situación contrasta con las prioridades del Gobierno de la Ciudad, que durante 2010 destinó sólo el 2 por ciento de su presupuesto al área de Vivienda (409,5 millones de pesos, de los cuales apenas ejecutó el 56,7 por ciento). Lo que significa que ese año invirtió sólo 320 dólares por cada habitante en villa. Como no podía ser de otra manera, este problema afecta más a quienes viven en el sur de la Ciudad. Mientras en la Comuna 2 (norte) el 3,9 por ciento de los hogares padecen una situación de hacinamiento, en la Comuna 8 (sur) el 23,3 por ciento sufre estas condiciones.

Existen otros ámbitos en los que puede rastrearse la desigualdad norte-sur. Por ejemplo, los ingresos que perciben quienes viven en la Comuna 2 son un 250 por ciento más altos que los percibidos por quienes habitan en la Comuna 8; algo similar ocurre con la mortalidad infantil: en el norte es del orden del 5,1 por ciento, mientras que en los barrios del sur se ha incrementado en los últimos años, llegando al 12,8 por ciento. La conjunción del déficit habitacional con desigualdad –azuzadas por la falta de intervención pública– ha conformado una mezcla explosiva que se expresa en las tomas de tierras, pero que tiene raíces más profundas.

Abordar esta situación de conflictividad social latente requiere, en primer lugar, decisión política para recuperar la presencia del Estado en el territorio. Junto con ella, es necesaria una estrategia de inversión pública en el sur. No sólo en materia de vivienda, sino también en espacio público, salud, educación (el déficit de escuelas en el sur obliga a que el gobierno traslade diariamente alumnos hacia establecimientos en otras zonas), equipamiento urbano y en infraestructura (red cloacal y pluvial, servicios públicos, plantas de tratamiento, etcétera).

La inversión debe ser acompañada por acciones efectivas a escala micro, es decir, a nivel territorial: la única manera de urbanizar una villa es manzana por manzana. Para ello resulta necesario trabajar, sensible y cuidadosamente, con cada una de las familias que allí viven. La promesa macrista de otorgar títulos de propiedad en todas las villas no sólo promueve las tomas, sino que además es impracticable. No hay atajos en este tema, sólo se pueden otorgar títulos en aquellas manzanas que hayan sido urbanizadas.

Además, es necesario que el Estado ocupe el espacio público que ha abandonado. Un ejemplo claro de la secuencia abandono, apropiación indebida y degradación del espacio público es que en los últimos años se han multiplicado los lugares de descarga ilegal de volquetes y residuos. La pasividad de las fuerzas de seguridad y la inacción del Gobierno de la Ciudad han generado que muchas calles y bulevares se hayan convertido en depósitos de escombros y basura a cielo abierto (con el consabido impacto sanitario para los vecinos de esos barrios).

Por último, es necesario que el sur porteño recupere su perfil productivo. Las estrategias de intervención urbana basadas exclusivamente en hacer más rentable la construcción de edificios son absolutamente inadecuadas para esta zona de la ciudad. Es necesario recuperar la tradición industrial del sur con actividades que impliquen mano de obra intensiva y mejoren la empleabilidad en este sector de la capital. No alcanza con los intentos de generar incentivos de mercado a partir de la reducción de impuestos, es necesaria la intervención pública directa para corregir las distorsiones que el mismo mercado ha generado en aquellos lugares que fueron centros productivos y hoy yacen como galpones subutilizados.

En definitiva, la solución a los problemas descriptos debe basarse en una estrategia de inversión pública y de reducción de la desigualdad a partir de un plan de de-sarrollo que priorice la integración armónica de la ciudad.

* Investigadores de SIDbaires (www.sidbaires.org.ar).

---

Segregación residencial

Por Fernando Groisman *

La toma de viviendas de Villa Soldati acaecida el domingo 6 de marzo suma un nuevo capítulo a un problema recurrente como es la de la segregación residencial socioeconómica. Más allá de los factores específicos que determinaron la ocupación de ese complejo habitacional en particular, el hecho testimonia la necesidad de avanzar hacia políticas públicas dirigidas a lograr crecientes niveles de integración social.

La segregación residencial da cuenta de la desigualdad que adquiere la distribución espacial de la población. En la medida en que las personas que comparten un mismo espacio urbano tienen también en común características socioeconómicas que las distinguen de otros grupos sociales que habitan otras áreas, la segregación residencial es también socioeconómica. Probablemente, el rasgo más destacado de este fenómeno es la proliferación de condominios y/o barrios cerrados. Gran parte de estas urbanizaciones se localizan en zonas suburbanas dando paso, además, a un importante proceso de valorización del suelo. Esta tendencia a la concentración territorial de grupos sociales homogéneos se ha ido extendiendo gradualmente al interior de los centros urbanos, básicamente hacia los barrios habitados tradicionalmente por sectores medios y bajos. Por su parte, en el otro extremo de la estructura social han proliferado los asentamientos irregulares.

La parcelación del espacio urbano es reflejo de una nueva dimensión en que se manifiesta la desigualdad al reforzar el distanciamiento de grupos sociales. En este sentido la segregación residencial no sólo refiere a la concentración de la población en el espacio urbano sino también a las oportunidades diferenciales de acceso a los recursos –económicos, sociales, culturales, educativos– que tal condición define. Justamente, una de sus consecuencias más negativas es la de situar a los individuos en contextos de socialización e interacción uniformes que tienden a perpetuar las inequidades sociales.

Razonablemente, la temática de la segregación suele recibir mayor atención cuando se producen procesos de empobrecimiento generalizados y/o incrementos en la desigualdad. Es claro que en períodos de inestabilidad macroeconómica y crisis se multiplican las dificultades para sostener los niveles de consumo para los hogares de menores recursos. La informalidad y la precarización del empleo provocan similares restricciones a los más pobres debido a la incertidumbre que estas relaciones laborales conllevan sobre los ingresos monetarios. En consecuencia la concentración en el espacio urbano de hogares con similares características socioeconómicas suele estar correlacionada con el derrotero que sigue el mercado laboral. Sin embargo, no debe descuidarse la relación inversa. Esto es que los miembros de aquellos hogares que se encuentran espacialmente segregados ven limitadas las posibilidades de insertarse en las ocupaciones más ventajosas debido a los límites que les impone el propio entorno urbano en que residen. A este resultado confluyen tanto las características personales de los miembros de estas familias –baja educación, baja experiencia laboral– como las restricciones que les impone la propia segregación. Piénsese en los déficit de transporte, los problemas de seguridad, la estigmatización social y las restricciones en el acceso a la información, entre otros, que enfrentan los habitantes de asentamientos precarios.

Cabe enfatizarse entonces que, aun en contextos económicos expansivos, los hogares con menores recursos residentes en barrios segregados enfrentarán las mayores dificultades para acceder a los beneficios del crecimiento. En todo caso, ello justifica la necesidad de instrumentar políticas que, además de apuntar a resolver el déficit habitacional, tomen en consideración otros aspectos que hacen al bie-nestar de la población. Es en este sentido que sería deseable instalar en la agenda social la discusión en torno de la segregación residencial socioeconómica y sus consecuencias y cuáles son las medidas más efectivas para lograr mayores niveles de integración social. Puede conjeturarse que en ausencia de éstas la segregación residencial tenderá a mostrar una elevada persistencia en el tiempo.

* Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Conicet y de la UBA. Presidente de la Sección de Estudios Laborales de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).