“Cualquier privado, ya sea un investigador o un simple individuo, puede producir informaciones falsas o erróneas. Eso es parte de la democracia. El que no puede hacerlo es el Estado”, sostuvo la diputada del PRO Laura Alonso. La audiencia pública sobre el Indec, organizada ayer por diputados de la oposición, puso de relieve algo poco discutido hasta el momento: el reconocimiento implícito de que las consultoras no tienen la capacidad técnica de medir la inflación, por lo que sus análisis podrían caer en un error o una falacia. Así lo reconocieron economistas, abogados y los consultores que participaron del encuentro organizado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer. Otro tema diferente de análisis es si la Secretaría de Comercio puede multarlas por difundir “información falaz o errónea”.

El primer reconocimiento implícito del rol que ocupan las consultoras lo dio el economista del Barclays Eduardo Levy Yetati. Según su análisis, las mediciones alternativas de los “privados” parten de datos de terceros o utilizan indicadores de diferentes organismos, como la AFIP o el Banco Central. “Las consultoras no dan la certeza que antes daba el Indec. Obviamente tienen un déficit de cobertura. Es más, los institutos de estadísticas provinciales son más seguros que las consultoras”, enfatizó Levy Yetati.

El economista del Barclays ejemplificó que si el año pasado los privados dieron una inflación del 25 por ciento, sólo un 10 por ciento de ese total habría tenido un anclaje en la economía real, mientras que el 15 por ciento restante sería un componente especulativo o de “inflación inercial”, como también lo definió.

“Estamos pasando un momento muy difícil. Me siento amedrentado y uno tiene que salir a defenderse. Cuando el secretario de Comercio (Guillermo Moreno) nos preguntó qué metodología utilizábamos, noso-tros le respondimos que no hacemos encuestas sino simplemente estimaciones de precios y proyecciones, como hacen todos los economistas del mundo. Este dato para Moreno fue irrelevante. Igual nos multó”, enfatizó Miguel Kiguel (EconViews).

Las consultoras evitaron cualquier discusión metodológica sobre su trabajo. El encuentro no tuvo un formato de pregunta y respuesta, así que nadie cuestionó a los invitados. “La metodología que usamos para medir el índice de precios no es hoy lo importante. Lo relevante es la metodología que usan para callarnos”, afirmó Graciela Bevacqua, ex titular del IPC, quien además denunció “un hostigamiento judicial” por parte de la Secretaría de Comercio.

Es decir, los diputados convocantes centraron la discusión en la “violación a la libertad de expresión” a partir de las sanciones a las consultoras. La diputada Alonso (PRO) afirmó que “existe una violación de los derechos humanos por parte del Estado”. Pero inmediatamente avaló la posibilidad de que “los privados” puedan “mentir o caer en un error” en nombre de la democracia.

Un criterio similar expresó Ricardo Gil Lavedra (UCR). “Acá hay un acto de censura estatal o se está empujando a la autocensura. A nivel internacional se tolera, incluso, la posibilidad de mentir en nombre del interés público, antes que caer en la autocensura”, señaló el radical.

El supuesto sustento legal para estas afirmaciones lo dio el abogado Roberto Gargarella, al señalar que la Secretaría de Comercio podría sancionar un discurso comercial (como una publicidad engañosa) pero no un discurso público. “Lo que hacen las consultoras forma parte del discurso público y político protegido por la Constitución”, afirmó Gargarella.

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