El diputado nacional del Frente para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde, volvió a presentar en la Cámara de Diputados su proyecto de ley para crear un Fondo Empresario Anticrisis. La iniciativa que había perdido estado parlamentario fue diseñada durante la desaceleración económica de 2009 como un mecanismo destinado a evitar que las compañías en crisis suspendan trabajadores o reduzcan la jornada laboral, y así evitar despidos masivos a través de un subsidio. Para financiar ese fondo se creará una sobretasa a las alícuotas establecidas en el impuesto a las Ganancias para las rentas extraordinarias. Las firmas beneficiarias no podrán despedir trabajadores durante un lapso de dos años. Las políticas públicas ya cuentan con una iniciativa similar: el Programa de Recuperación Productiva (Repro), donde el Estado se hace cargo del pago de una parte del salario de los trabajadores. El nuevo instrumento colaboraría en el financiamiento de esa herramienta que durante la última crisis llegó a cubrir más de 142 mil trabajadores y requirió un desembolso entre enero y diciembre de 2009 de 510 millones de pesos.

Durante el ciclo recesivo de 2009, cuando el legislador presentó por primera vez el proyecto, se destruyeron alrededor de 350 mil puestos de trabajo según estimaron especialistas del Cenda, y el desempleo alcanzó el 9,1 por ciento. La existencia del subsidio que otorga el Repro cuando las empresas acreditan una situación crítica impidió que la desocupación trepara un punto porcentual más. El fuerte crecimiento del año pasado permitió recuperar los niveles de empleo precrisis y la cantidad de personas sin empleo retrocedió hasta 7,3 por ciento a fines de 2010. “La crisis pasó y el país está en pleno crecimiento, pero siempre es positivo tener un fondo anticrisis que sirva para implementar políticas anticíclicas destinadas a evitar un aumento en el desempleo y mejorar las condiciones de trabajo”, comentó Recalde en diálogo con Página/12. Ese fondo no reemplazaría al Repro sino que complementaría la necesidad de recursos del programa y permitiría construir un stock para momentos de crisis.

Esta iniciativa plantea un mecanismo de financiamiento solidario redistributivo al interior del sector empresario, ya que las compañías grandes con abultados márgenes de rentabilidad colaborarían para evitar que las firmas pequeñas despidan asalariados. Aquellas empresas con utilidades netas que superen el 20 por ciento de los ingresos del período pagarán tres puntos porcentuales más del impuesto a las Ganancias. La porción de esos impuestos, que de acuerdo con la ley de coparticipación corresponde a la Nación, se destinará al programa. La administración de ese fondo estará a cargo de un órgano tripartito en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Según sostiene el proyecto en sus fundamentos, “los sectores gravados por esta medida serán aquellos que por diversas circunstancias poseen un poder de mercado suficiente como para poder imponer condiciones muy favorables y que no son permeables a los mecanismos de la libre competencia”.

El diputado del FpV, que también impulsa una iniciativa para distribuir una porción de las ganancias empresarias entre los trabajadores, considera que el debate sobre el Fondo Empresario Anticrisis “es un tema interesante para discutir como preámbulo a una reforma integral del sistema tributario”.

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