A pesar de la minuciosidad con la que operan, los organismos reguladores lograron identificar a cerca de 6 mil coleros. Son personas físicas, generalmente de bajos recursos, que por una pequeña suma de dinero realizan compras de dólares en casas de cambio por escaso monto –pero de manera recurrente– para un mismo interesado. El objetivo es ocultar la identidad de este último por tener poca o nula capacidad para justificar el dinero con el que se hacen las transacciones o simplemente porque quiere evitar ser investigado por la Justicia. La AFIP elevó el listado de esos coleros al Banco Central para que los inhabilite en la compra de dólares en el circuito formal. También informó la situación de otros contribuyentes que en marzo último realizaron operaciones mayores a los 250.000 dólares y presentaron inconsistencias.

El entrecruzamiento de datos se inició en 2008, en pleno enfrentamiento entre el Gobierno y las corporaciones agropecuarias. Habían proliferado los “coleros”, en respuesta a la incertidumbre cambiaria que algunos medios buscaron instalar. Ese año, una investigación de la jueza federal María Servini de Cubría había detectado a 1800 habitantes de barrios carenciados –principalmente de la Villa 31 de Retiro– que adquirían dólares por montos inferiores a 10 mil y que por esa intermediación recibían 20 pesos por operación.

El Central y la AFIP iniciaron el año pasado un nuevo seguimiento. El BC envió la información de cada una de las entidades con las respectivas compras de dólares y desde la AFIP cruzaron los datos con la capacidad contributiva de cada uno. Las alertas que llevaron a interpretar a algunas operaciones como sospechosas tenían que ver con el monto de compra y con la “recurrencia” de las mismas, explicaron desde el Central. Ya sea por uno u otro canal, el stock acumulado de compra debe guardar cierta consistencia con las declaraciones juradas que se presentan ante el órgano recaudador; suelos, ventas de inmuebles o utilidades por su actividad comercial.

“Lo que se encontró fue sujetos con serios problemas para justificar ese nivel de compras, de los cuales muchos ni siquiera tenían un domicilio para contactarlos”, relató a Página/12 una fuente de la AFIP. A quienes pudieron ser localizados la AFIP les envió una carta para que aclaren su situación, mientras que cuando se trató de maniobras por montos elevados el organismo envió inspecciones. En total, la entidad que conduce Ricardo Echegaray confeccionó una nómina de 5946 números de CUIT de contribuyentes, que fue elevada al Central. Esta lista responde a personas sospechadas de prestar sus documentos para comprar legalmente dólares para un tercero o su reventa en el mercado paralelo. También identificó a 226 contribuyentes que el mes pasado compraron más de 250.000 dólares, los que se suman a los 1300 que la AFIP notificó en 2010.

El Central deberá ahora “circularizar” esa nómina y enviarla a todos los bancos y agencias de cambio del país para que se prohíba a los coleros operar en el mercado formal, para evitar que pasen las divisas al circuito en negro. La lupa seguirá además sobre las entidades financieras y cambiarias, que podrían haber vulnerado la resolución del Central sobre prevención del lavado de dinero. Esta norma las obliga a poner en práctica la política institucional llamada “conozca a su cliente”. La investigación busca establecer si no fueron diligentes para descifrar el perfil de negocios del cliente y la procedencia lícita de los fondos de la operación. Las sanciones van desde un llamado de atención hasta la revocación para seguir funcionando, dependiendo de si la investigación determina que sólo fue una falla o que actuaron conscientemente.