Tras haber alcanzado el límite de endeudamiento autorizado por el Congreso, de 14,3 billones de dólares, el gobierno de Estados Unidos se prepara para tomar una serie de medidas de emergencia que impidan el default de la que es todavía la mayor economía del mundo. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, admitió que si no se mueve el límite autorizado de deuda, el fantasma de la cesación de pagos se corporizaría el próximo 2 de agosto. Ayer mismo, el responsable de las finanzas de la Unión tomó la primera medida para sobrellevar estas próximas once semanas: anunció la suspensión temporal de las inversiones en dos fondos de pensión para el personal público.

Geithner urgió a los legisladores a que acuerden “aumentar el techo de la deuda, una acción que proteja la credibilidad de Estados Unidos y evite catastróficas consecuencias económicas para los ciudadanos”. La señal de alerta fue acompañada por el recorte de inversiones pero, además, por la advertencia de que, en caso de “suspensión de pagos, no sólo aumentará el costo de endeudamiento del gobierno federal, sino también para las familias, emprendimientos empresarios y gobiernos locales”.

Aunque ya durante el gobierno de Bill Clinton el país había alcanzado el límite de endeudamiento en dos oportunidades, en 1995 y 1996, por entonces las finanzas públicas no tenían una situación tan comprometida como la actual. El déficit fiscal de Estados Unidos de este año se calcula en 1,5 billón de dólares. Hasta el momento, tanto los congresistas republicanos como los demócratas se resisten a aprobar una elevación del tope de deuda si no se presentan planes específicos para reducir tal desequilibrio.

El reconocimiento de Estados Unidos del riesgo cierto del default se dio el mismo día en que los ministros de Finanzas de la Eurozona dieron su aprobación al programa de asistencia de hasta 78 mil millones de euros en favor de Portugal. La ayuda es el resultado de un ambicioso plan de ajustes y reformas negociado en las últimas semanas entre la Unión Europea, el Fondo Monetario y las autoridades de Lisboa. El respaldo le permitirá a Portugal cubrir las necesidades financieras por tres años y será costeado en partes iguales por el FMI y la Unión Europea.

El plan de ajustes y reformas aprobado para Portugal se basa en tres pilares: el saneamiento de las cuentas públicas hasta reducir el déficit al 3 por ciento del PIB en 2013, reformas estructurales para aumentar el potencial de crecimiento económico y medidas para reforzar el sector financiero. Además, el gobierno luso se compromete a “alentar a los inversores privados a mantener su posición en deuda pública portuguesa sobre una base voluntaria”. Es decir, que no habrá reprogramaciones unilaterales y deberá tentarse a los inversores con mejores condiciones para que renueven su crédito.

En tanto, el cónclave de ministros de la Eurozona celebró que el gobierno de Grecia “se haya mostrado de acuerdo en tomar medidas adicionales” para reducir su déficit público. Así lo explicó Jean-Claude Juncker, responsable coordinador del encuentro, quien interpretó que el compromiso equivale a acelerar el proceso de privatizaciones. Esta es la respuesta dada a las protestas callejeras y a la difícil situación de ese país a un año de haber puesto en marcha el plan de rescate de la UE y el FMI.