El procurador general de la Nación, Esteban Righi, le recomendó a la Corte Suprema de Justicia continuar con la intervención judicial en Papel Prensa. Así se desprende de dos dictámenes firmados ayer por el funcionario, los cuales desestimaron dos fallos de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Los escritos también ratificaron la autoridad que tiene la Comisión Nacional de Valores (CNV) para fiscalizar a las empresas que cotizan en Bolsa. Según señaló Righi, la autoridad que tiene la CNV le permitió declarar irregular e ineficaz una asamblea de directorio llevada a cabo el 4 de noviembre de 2009. Ahora, el máximo tribunal deberá expedirse sobre el recurso extraordinario planteado por la CNV, donde podrá aceptar o no lo recomendado por el jefe de los fiscales de la Nación.

Este es el segundo revés en una semana para los accionistas privados de la compañía (el Grupo Clarín y La Nación). Después de varios meses, y luego del fallo del juez Eduardo Malde, los accionistas por el Estado participaron ayer de una reunión de directores (ver aparte).

“En todo el mundo se reconoce la importancia de que los reguladores tengan plena capacidad para controlar y supervisar a los mercados y las corporaciones. El dictamen del procurador avaló las facultades de la CNV y resulta de primordial importancia para garantizar el sistema democrático”, manifestó a Página/12 Alejandro Vanoli, titular de la CNV.

El 19 de noviembre de 2009, el ente regulador emitió la resolución 16.222, por la cual declaró irregulares e ineficaces dos asambleas de directorio de Papel Prensa. Según la CNV, los accionistas privados habían elegido directores de manera irregular, además de alterar el orden del día y contar con la presencia de autoridades que no estaban formalmente designadas, quienes aprobaron balances de la compañía. En esa misma reunión también fue impedida la asunción de Alberto González Arzac en el Comité de Vigilancia.

En función de esta situación, más “la desobediencia de purgar vicios de decisiones en otras reuniones de directores” –según explicó a este diario Vanoli–, el organismo solicitó la intervención judicial de la compañía. El juez en lo comercial Eduardo Malde aceptó ese pedido y nombró un coadministrador. Esto ocurrió en marzo de 2010.

La decisión resultó apelada por los accionistas privados y la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial –integrada por los magistrados José Luis Monti, Alfredo Kölliker Frers y Juan Garibotto– resolvió frenar dicha intervención. Además suspendió a los accionistas por el Estado, situación que se acaba de revertir esta semana, a partir de un nuevo fallo del juez Malde (ver aparte).

Ante este contexto, la CNV solicitó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre el tema. El máximo tribunal aceptó el pedido y como medida complementaria le remitió al procurador general todos los recursos extraordinarios sobre Papel Prensa. Para la CNV esto significó la posibilidad de que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión. “No esperamos nada en lo inmediato, calculo que luego de las elecciones se pronunciarán. Pero es un buen síntoma”, señaló a este diario una alta fuente gubernamental.

El dictamen de Righi –que siguió los fundamentos de la fiscal del caso– es contundente en cuanto a la interpretación que realizó el tribunal de alzada. “Es inexacto que la declaración de irregularidad e ineficacia de los efectos administrativos de actos societarios deba estar precedida de un sumario. La función de fiscalización de la CNV en el mercado de capitales es esencial y la sentencia ignora, en especial, los alcances del deber de información al que están sometidas las sociedades fiscalizadas y la proyección que ejerce el incumplimiento de esos deberes sobre terceros, ahorristas e inversionistas”, sostuvo el dictamen de Righi.

Más allá de la disputa que enfrenta al Gobierno con los directores privados de Papel Prensa, el dictamen de Righi avanzó sobre un “ordenamiento jurídico” al ratificar y reforzar las facultades fiscalizadoras de la CNV y su potestad de declarar irregulares e ineficaces los efectos administrativos. De esta manera, si la Corte adoptase el criterio seguido por Righi, los accionistas privados de la papelera no podrán dejar de cumplir las observaciones que formule la CNV en el futuro. Además, deberán reinstalar la coadministración judicial.

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