A través de un recurso de hecho, la Corte Suprema de Justicia solicitó ayer a la Anses la información de todas las causas en trámite, sentencias pagadas en los últimos años, cantidad de recursos apelados ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, como así también los fondos con los que cuenta para pagar los haberes y las recomposiciones. El organismo que conduce Diego Bossio tendrá 30 días para cumplir con ese pedido. “Esta Corte ha puesto énfasis en la necesidad de contar con información relevante para el análisis de decisiones que puedan trascender del marco de la causa en las que se adoptan”, señaló el escueto texto del tribunal. El expediente está relacionado con una demanda de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que está apostando a que el máximo tribunal dicte una “sentencia de clase” para la recomposición de los haberes de todos los jubilados que ya están en juicio. Desde la Anses señalaron a Página/12 que cualquier resolución generalizada provocaría el desequilibrio y déficit estructural de todo el sistema previsional.

Actualmente hay más de 350.000 juicios que son tramitados en los diez juzgados del fuero de la Seguridad Social. Según señaló a este diario el juez de la Cámara Federal de Apelaciones Luis Herrero, en el período febrero-abril de este año ingresaron 851 demandas por juzgado por mes y se dictaron sólo 288 sentencias. “Se resuelve aproximadamente el 30 por ciento de los juicios que entran. Hay un desmanejo de la situación que fue heredada por este gobierno, ya que el problema viene de mucho tiempo atrás”, afirmó Herrera.

El recurso de hecho de la Corte está enmarcado en una causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Nación contra el Estado. El adjunto primero a cargo de la Defensoría, Anselmo Sella, interpretó que el pedido de información tiene por objetivo “munir al máximo tribunal de elementos que le permitan hacer un análisis profundo de la sentencia que debe dictar en relación con si se aplica la doctrina Badaro a todos los jubilados y pensionados”. Con su escueta resolución, la Corte dio indicios de que podría avanzar en una decisión “que pueda trascender el marco de la causa en la que se adopte”. En la última reunión de la Comisión Bicameral del Congreso encargada de controlar los fondos previsionales, el titular de la Anses dirigió un mensaje directo al máximo tribunal. “Si la Corte no tiene una visión de Estado, puede poner en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional. Cada vez que los jueces dictan fallos sobre jubilaciones, abren ventanas que resienten el sistema”, afirmó Bossio en esa reunión.

Para la Anses, una recomposición de haberes siguiendo los criterios del fallo Badaro tendría un costo anual de 14.000 millones de pesos, lo que pondría al organismo en una situación de déficit estructural. Acorde con los datos oficiales, existen actualmente 14.334 fallos preparados para ejecutarse. Este año, el organismo tendría asignados 2500 millones de pesos para el pago de retroactivos, recursos que podrían cubrir un total de 30.000 sentencias. “Parte de esta información ya debería estar en poder de la Justicia. La que no tenga será entregada por esta administración”, agregaron a este diario desde la Anses.

Desde hace algunos meses el organismo está trabajando para acelerar y transparentar el pago de las sentencias. En abril se dictó una resolución que introdujo cambios en el sistema de liquidación de expedientes. Como objetivo principal, esta medida pretende llevar el plazo de pago a los cien días hábiles después de resuelto el caso, contra los 174 de diciembre del año pasado. En 2009, el plazo promedio era de 249 días. El organismo también comenzó una serie de acciones judiciales “para evitar algunos desmanejos, como los que ocurrieron en Córdoba”, agregaron a este diario desde el organismo. “En marzo y abril la Anses no hizo liquidaciones, y en mayo fueron 415. Parece que todavía hay un problema interno por el cambio en el sistema de liquidaciones”, manifestó a Página/12 el abogado previsional Guillermo Jauregui.

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