El nuevo régimen penal para evitar y sancionar las maniobras de lavado de activos, aprobado anteayer en la Cámara de Senadores, ya genera aceptaciones y críticas. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, indicó que “se inicia una etapa histórica en materia del combate al delito económico-financiero”. Por su parte, la Asociación de Bancos de la Argentina, entidad que nuclea a los bancos extranjeros, también se mostró conforme con el texto aprobado anteayer, pero reclamó que la Cámara de Diputados trate “con urgencia” la ley correctiva que también se votó en la Cámara alta, anteayer. Según manifestó a Página/12 Alejandro Vanoli, titular de la CNV, “la ley correctiva, más que aclarar puntos de la ley lo que hace es limitar los sujetos obligados a dar información, es un poco más liviana que la norma sancionada”.

La norma que salió de la Cámara alta, además de definir que el lavado de activos es un delito autónomo y eliminar el secreto bancario, financiero y fiscal, da cuenta de una serie de sujetos alcanzados por la regulación para aportar información ante la UIF. El texto aprobado incluye a todos los escribanos públicos, a los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas, más todas las personas físicas y jurídicas involucradas en el sistema financiero, bancario, inmobiliario, entre otros sectores.

El titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, calificó la ley como “necesaria”, pero reclamó un rápido tratamiento al “proyecto correctivo”. Para el directivo, la iniciativa complementaria “resolverá la incertidumbre respecto de los contadores, escribanos, terminales automotrices, aseguradoras y bancos”. En realidad, la ley correctiva intenta dar una mayor especificación de los sujetos alcanzados y las actividades sospechosas que deberán reportar.

Por ejemplo, la ley aprobada incluye a todos los escribanos y contadores, mientras que la iniciativa impulsada por la peronista Sonia Escudero y los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, detalla que serán los escribanos y contadores que realicen tareas para sus clientes relacionadas con la compraventa de inmuebles, la administración de dinero, cuentas bancarias, creación, administración y compraventa de empresas.

“Nadie quiere ser sujeto obligado de brindar información, por eso hubo lobby para modificar la ley bajo la excusa de una posible litigiosidad por parte de estos profesionales”, indicó a este diario un empresario del sector bursátil. Otra modificación que intentará imponer la ley correctiva incluye a la industria automotriz. La ley sancionada explicita que serán sujetos obligados las personas físicas y jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de autos, camiones, tractores, yates, maquinaria agrícola. “La ley correctiva es más liviana que la original. Lo mismo ocurre con la facultad que le quitaron a la UIF para ser querellante. El Banco Central puede ser querellante en cuestiones financieras y no la UIF. La tendencia mundial es que los organismos de control tengan cada vez más facultades”, explicó Vanoli.

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