Fracasos Múltiples Internacionales (FMI) está buscando una nueva conducción porque su titular, Dominique Strauss Kahn, renunció por la acusación de acoso y abuso sexual a una empleada de un hotel en Nueva York. Ese organismo financiero estaba desprestigiado y sin recursos hasta que el G-20 lo rescató ante la desesperación por el estallido global en 2008, con epicentro en las potencias económicas mundiales. Le asignó la tarea de ser el eje ordenador de los ajustes sobre los países en crisis, con resultados recesivos conocidos aunque con un discurso maquillado para diferenciarse de sus desastres de los noventa en Latinoamérica y Asia. Para ocupar el cargo de director gerente de esa institución ha comenzado la competencia con la participación de la conservadora francesa Christine Lagarde y el liberal mexicano Agustín Carstens, doctorado de Economía en la Universidad de Chicago. El FMI no tiene el mecanismo de elección democrático de un país, un voto. El peso europeo en el Consejo de Administración, órgano de gobierno de la institución, les asegura una posición de privilegio para imponer un candidato. Estados Unidos también posee poder de veto, con el acuerdo implícito con Europa para la distribución de cargos: el Banco Mundial para un estadounidense y el Fondo para un europeo. Ese Consejo está integrado por 24 miembros. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita tienen un representante cada uno. Los otros 176 países que integran el FMI se reparten las 16 plazas restantes organizados en grupos y el peso de cada uno es equivalente a los votos que reúnen sus respectivas representaciones. Para calcular los votos se define un promedio ponderado del PBI (50 por ciento), apertura de la economía (30 por ciento), volatilidad económica (15 por ciento) y reservas internacionales (5 por ciento). Estados Unidos concentra el 16,8 por ciento, porcentaje que le otorga poder de veto porque para tomar decisiones referidas a la forma de funcionamiento del organismo se requiere más del 85 por ciento de los votos.

Estas características describen una institución fuera de época, por su discurso y propuesta económica y también por la distribución del poder entre los países. En estos días se manifiestan presiones de potencias emergentes para designar un representante propio en el máximo cargo del FMI. El argumento principal que esgrimen países como China, Brasil India o México es que las economías en desarrollo necesitan tener mayor responsabilidad en instituciones financieras internacionales, con presidentes y altos funcionarios nombrados mediante un sistema de selección transparente, basado en méritos personales. Abrieron así un debate público que interpela a las potencias hoy en crisis. Por cuestiones de relaciones diplomáticas y disputas de liderazgos en un proceso de transición en un mundo convulsionado, lo que sucede con el FMI concentra la atención de los países miembros. Pero el Fondo como está funcionando en la actualidad, dentro de una estructura financiera internacional sin cambios relevantes pese a ser el motor de la presente debacle, no debería ser significativo para Latinoamérica.

La región tiene la oportunidad de mejorar sus propias instituciones para diseñar una arquitectura financiera regional para, precisamente, protegerse del factor de inestabilidad global que significan el FMI y las políticas de ajuste que promueven Estados Unidos y Europa. Ese bloque de poder tradicional impulsa el plan de equilibrar los desbalances globales, que no es otra cosa que transferir sus respectivas crisis hacia los países con superávit de cuenta corriente, que son los latinoamericanos y los asiáticos. La región tiene el desafío entonces de preservar su situación externa holgada, que la diferencia de las sucesivas crisis que ha vivido desde principios de la década del ’80. La bonanza externa se presenta con tres características comunes: superávit sostenido en la cuenta corriente del balance de pagos, reducción del coeficiente de endeudamiento en relación con el PBI y elevado stock de reservas internacionales en las bancas centrales. De esa forma ha recuperado cierta autonomía de decisión en la política económica nacional frente a la globalización financiera con destino de ruinas.

Existen marcos de integración financiera regional que requieren su consolidación, con cooperación y confianza entre los países que se han agrupado en la Unasur. Uno de ellos es el sistema multilateral de pagos basado en el uso de las monedas locales para transacciones comerciales intrarregionales. Este sería el paso inicial para la desdolarización y la definición de una canasta de monedas, eludiendo el proyecto de una única teniendo en cuenta la debacle que está atravesando la zona del euro, que serviría para las operaciones de comercio exterior y luego también como reserva de valor de la región. En un documento interno de la Unasur se plantea que “la reciente crisis demostró que la región tiene fortalezas macroeconómicas importantes y que se encuentra en mejores condiciones para llevar adelante políticas monetarias y fiscales contracíclicas y amortiguar los efectos de golpes externos adversos, contrarrestando los argumentos de que la región era vulnerable a las variaciones de las condiciones internacionales”. A la vez, plantea aprovechar el actual contexto político y de perspectivas económicas positivas para Latinoamérica para dotar al proyecto de integración regional de un nuevo enfoque estratégico.

Parte importante de esa misión se encuentra en la búsqueda de mecanismos regionales para la estabilización de desequilibrios transitorios en la balanza de pagos. Este es un objetivo clave que aún no ha generado el consenso suficiente entre los participantes de la Unasur. Una reciente experiencia internacional resulta aleccionadora: la asiática. La crisis de los ’90 implicó un fuerte cuestionamiento al FMI como organismo multilateral proveedor de recursos. Entonces, países asiáticos que habían padecido esa intervención reunidos en la región Asean, junto con China, Japón y Corea, crearon un fondo común para asistir a uno de sus países miembros. Uno de sus objetivos es que en caso de una crisis financiera recibiría un préstamo de manera rápida para apoyar sus reservas internacionales, hasta tanto el país pudiera recuperarse. Esa iniciativa fue denominada “Chiang Mai”.

Este antecedente es una referencia ineludible para la región, que cuenta con el Fondo Latinoamericano de Reservas de unos 820 millones de dólares, siendo Colombia el país administrador en un mando rotativo. En la Unasur se evalúa si ese instrumento de intervención tiene la capacidad de funcionar como un fondo de reserva regional para actuar como amortiguador de eventuales impactos de perturbaciones externas. Los países, al incorporarse a una institución de esas particularidades, obtienen beneficios por acceder a un mayor volumen de reservas y, según el caso, a una posible reducción de su volatilidad. Los objetivos de ese Fondo son:

1 Apoyar la balanza de pagos de los países miembros otorgando créditos o garantizando préstamos a terceros.

2 Mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales efectuadas por los países miembros.

3 Contribuir a la armonización de las políticas cambiarias, monetarias y financieras.

El Banco del Sur es otra de las instituciones necesarias para esa consolidación financiera regional. Esa entidad, integrada por siete países de la Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) podría brindar condiciones más ventajosas, en plazos y tasas de interés que las que ofrece el mercado, para ser aplicado a proyectos de desarrollo, infraestructura e integración regional. Aquí Brasil plantea reparos porque cuenta con su propio banco de desarrollo (Bndes). Pero esa diferencia, que en un marco de diálogo se presentan las condiciones para alcanzar una propuesta superadora, no debería generar demoras en el diseño de una arquitectura financiera regional que permita independizarse y, por lo tanto, aislarse de una estructura financiera global que es un potente desestabilizador de las economías.

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