El proyecto de ley de reparto de ganancias impulsado por la CGT beneficia más a los trabajadores de empresas capital-intensivas que a las firmas intensivas en mano de obra. El dato surge de una simulación elaborada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires a partir del análisis de 46 balances empresarios correspondientes a 2009. Lo que se hizo fue extraer el 10 por ciento de las utilidades del resultado impositivo de todas las compañías incluidas en la muestra y distribuirlo entre el número de empleados para obtener un estimativo del aumento porcentual medio a percibirse en concepto de “distribución de ganancias empresariales”. El sector más favorecido resultó el Químico, con una suba del 42,2 por ciento, seguido por Metales (23,3), Servicios Financieros (17,1) Energía, Gas y Agua (15,2) y Transporte y Comunicaciones (14,5). En el otro extremo se ubicaron el Comercio (1,3), Maquinaria y Equipo (1,4), Papel (3,3) y Textil (3,7 por ciento).

Las actividades trabajo-intensivas, tales como las extractivas o de producción de materias primas, al generar una porción menor del ingreso nacional total, distribuyen una menor cuantía nominal monetaria a la población empleada en esos sectores. En contraposición, y como consecuencia de la lógica anterior, las actividades capital-intensivas, con mejores requerimientos de mano de obra y una participación más holgada en el ingreso nacional, distribuyen una cuantía nominal mayor en términos per cápita.

Según el Consejo Profesional, esa diferencia se explica porque el proyecto de la CGT impone a todos los sectores una forma de participación en los beneficios consistente en un porcentaje homogéneo (del orden del 10 por ciento sobre el rédito anual gravado por el Impuesto a las Ganancias), convirtiéndolo en un sistema único (no permite convenir otras opciones), generalizado (no permite negociar por sector) y permanente (no permite introducir modificaciones). “Como consecuencia de ello, la inequidad distributiva ya enmarcada en las brechas salariales entre unos y otros sectores y determinada por los distintos acuerdos colectivos de trabajo, sólo podrá empeorar de acuerdo con las actuales pautas del proyecto”, destacada el informe.

En el trabajo se propone introducir modificaciones al proyecto de ley para orientarlo hacia un esquema de distribución por resultados. Si bien ambos sistemas reivindican un derecho socialmente consensuado en la mayor parte de las economías del mundo. En el proyecto de Recalde se materializa ese derecho en una participación fija en las ganancias contables e impositivas de las empresas, sin que exista, a la postre, ninguna contraprestación por parte de los empleados en términos de una mejora en la productividad. Mientras que los segundos, sostiene el Consejo, lo hacen de una manera más articulada que, en el mediano plazo, puede beneficiar a todas las partes, aunque para ello también proponen que cada sector defina las condiciones en que se pagará la participación.