El Gobierno salió al cruce del “IPC opositor”, anunciado anteayer por diputados de la UCR, Coalición Cívica, PRO y el Peronismo Federal. Tanto Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, como Norberto Itzcovich, director técnico del Indec, calificaron de “mamarracho” e “impresentable” la supuesta inflación del 1,5 por ciento para mayo divulgada por los legisladores en base a un promedio simple de los relevamientos de ocho consultoras. “El anuncio de los diputados deja en evidencia una cuestión meramente política, con la que se trata de agitar el fantasma de la inflación como en otras épocas de la Argentina, pero sin el más mínimo rigor técnico”, sostuvo Itzcovich. Por su parte, la oposición defendió nuevamente la postura de las consultoras.

Los diputados opositores hicieron propios los guarismos de las consultoras en nombre de la “libertad de expresión”, aunque aclararon que no se harán responsables “ni del dato concreto de la inflación ni de la metodología utilizada”. “Solamente daremos a conocer la información que nos acerquen las consultoras. Es una forma de proteger la libertad de expresión”, insistieron ante Página/12 desde el despacho de Ricardo Gil Lavedra (UCR). Sin embargo, varios legisladores calificaron a esos estudios como “la realidad” en materia de precios.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que reúne a los editores de grandes diarios, se sumó a la línea opositora y sostuvo que las multas a las consultoras “configura otro ataque a la libertad de expresión”. “Que venga ahora Moreno a multarnos al Congreso”, desafió la diputada Patricia Bullrich.

“Parece que a Aníbal Fernández le molesta el índice de precios que difundimos en Diputados. ¿Será que nunca va al supermercado?”, se preguntó, con ironía y vía Twitter, la diputada radical Silvana Giudici.

“No me molesta. Es un mamarracho”, retrucó Fernández.

En febrero de este año, la Secretaría de Comercio, a cargo de Guillermo Moreno, solicitó a las diferentes consultoras que informaran cuál era la metodología que usaban para realizar las mediciones de precios. A partir de las respuestas de las empresas privadas, Moreno tomó la decisión de multarlas. Por ejemplo, Ecolatina informó que relevaba 80 bienes y servicios en una cantidad reducida de comercios, mientras que Miguel Kiguel y Dante Sica indicaron que no realizan muestreos sino que se basan en datos macroeconómicos.

“Luego de analizar varios casos, nos dimos cuenta de que lo que hacen las consultoras es impresentable, carecen del mínimo rigor técnico y no tienen coherencia en las respuestas que nos dieron sobre la aplicación de su metodología. Algunos relevan datos en la Ciudad de Buenos Aires, otros en la provincia, y hay quienes hacen seguimiento de precios por Internet”, indicó el director técnico del Indec.