El Grupo de los 20 (G-20) acordó que la manera de evitar la especulación financiera alrededor del precio internacional de los commodities agropecuarios es con una mayor producción y no fijando precios de referencia. Así quedó establecido en el documento que firmaron ayer los ministros de Agricultura de los distintos países reunidos en la ciudad de París (Francia). La postura que finalmente prevaleció fue establecida por la Argentina, en conjunto con las naciones que integran el BRIC (Brasil, Rusia, India, y China), mientras que la regulación sobre los precios fue una bandera enarbolada por Europa. En este contexto, Julián Domínguez, titular de la cartera de Agricultura, se comprometió a llevar la producción granaria a las 160 millones de toneladas dentro de los próximos diez años.

A su vez, el funcionario defendió desde el país galo la ley que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras, al definirla como “un instrumento que nos aleja de la especulación de los mercados financieros que nada tienen que ver con el sector agropecuario”. “La causa del hambre en el mundo no es la volatilidad de precios, sino la pobreza y la injusta distribución de la riqueza. En la próxima década vamos a incrementar nuestra producción de manera sustentable, equilibrada y resguardando la biodiversidad”, manifestó Domínguez.

Las jornadas del G-20, que reúne a los países desarrollados y emergentes, fueron inauguradas el miércoles por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. En su discurso, indicó que “un mercado que no está regulado no es un mercado, sino una lotería en la que la fortuna sonríe a los más cínicos”. Con esta frase, con cierto tono intervencionista poco frecuente, el funcionario galo apuntó a establecer precios máximos para los granos.

Esta misma postura fue defendida ayer por Gran Bretaña. En este sentido, su ministra de Agricultura, Caroline Spelman, propuso incorporar en el texto final que las causas de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities están relacionadas con “las restricciones a las exportaciones”. Obviamente, Argentina se opuso a esta definición, ya que podrían quedar encuadrados los derechos de exportación (retenciones), instrumento central en la política económica del país que contribuye a sostener el superávit fiscal.

Según señaló Domínguez, el ministro de Agricultura de Francia, Bruno Le Maire, logró alinear a los países desarrollados para “no objetar las restricciones a las exportaciones agrícolas”. Si bien prevaleció la postura de Argentina y los países emergentes, todavía queda pendiente el capítulo dedicado a los subsidios que aplica Europa a sus productores, situación que entorpece el ingreso de las materias primas de los países en desarrollo. Además, éste es uno de los temas neurálgicos en la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea.

El acuerdo final tuvo varios puntos centrales. Por un lado, todos los países se comprometieron a impulsar una mayor producción y mejorar la productividad de la tierra. Además, apuntaron a crear una “mayor transparencia en los mercados físicos”. Esto debería suponer también una mejor regulación de los mercados financieros, muy ligados hoy en día con los agrícolas. Se creará un Consejo de Seguridad Agrícola, que actuará cuando, por ejemplo, un país decida bloquear unilateralmente sus exportaciones. Esta situación ocurrió recientemente, cuando Rusia frenó sus exportaciones producto de una sequía, lo que impulsó un aumento del precio del trigo.

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