El costo de extender el alcance del fallo Badaro al resto de los jubilados en su misma condición es de 14.136 millones de pesos anuales, más 28.000 millones en retroactivos que se pagarían por única vez. Ese gasto pondría a la Anses en “riesgo institucional”, ya que lo haría incurrir en un “déficit estructural” que terminaría afectando al conjunto de las personas atendidas por el organismo, no sólo jubilados y pensionados, sino también beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, de pensiones no contributivas y ex combatientes de Malvinas. Ese es uno de los argumentos centrales del informe que la Anses remitió a la Corte Suprema el último jueves, al cual tuvo acceso Página/12. Allí se busca desalentar la posibilidad de un fallo que generalice los efectos del caso Badaro a cerca de un millón de jubilados, quienes de obtener una resolución favorable del máximo tribunal conseguirían una actualización automática de sus haberes por los aumentos no concedidos entre 2002 y 2006.

La Defensoría del Pueblo de la Nación inició hace dos años una demanda para lograr justamente eso, que la Justicia dicte un fallo para universalizar dos resoluciones de la Corte sobre casos particulares: los de Badaro y Eliff. Adolfo Badaro logró por esa vía la actualización de su jubilación por el período 2002-2006. En ese lapso el Gobierno otorgó un solo aumento de 11 por ciento a quienes ganaban más de 1000 pesos, y la Corte entendió que el ajuste debió haber sido del 88,6 por ciento, en línea con la evolución del índice de salarios. A partir de esa resolución, miles de jubilados en igual situación que Badaro acudieron a Tribunales para lograr el mismo beneficio. Eso provocó una explosión de la litigiosidad previsional, al punto de que en la actualidad se acumulan 292 mil expedientes en los juzgados de la seguridad social.

El otro caso es el de Alberto Eliff, quien obtuvo un fallo favorable para redeterminar el monto de su jubilación inicial, con una base de cálculo distinta a la aplicada por la Anses. Esa sentencia también motivó a miles de jubilados a reclamar ante la Justicia. Para evitar la aglomeración de expedientes y las consecuentes demoras para los demandantes, la Defensoría del Pueblo pidió a la Corte lo que se llama una acción de clase, un fallo que generalice el alcance de esos dos casos. El máximo tribunal, consciente del impacto que tendría esa medida, requirió un informe a la Anses con datos precisos sobre la cantidad de juicios en trámite y las soluciones posibles para esas personas.

La Anses envió el informe el jueves pasado. Allí estimó el costo de universalizar las consecuencias de los fallos Badaro –como se menciona al comienzo– y Eliff. En este último caso, el costo para el organismo sería aún mayor: 21.000 millones de pesos anuales y 43.000 millones en retroactivos, que se pagarían una sola vez. “Son gastos que no se pueden asumir con el presupuesto actual de la seguridad social, que está prácticamente en equilibrio”, aseguró la Anses.

Pero más allá de la cuestión presupuestaria, el organismo que conduce Diego Bossio hizo un extenso análisis sobre la evolución del sistema previsional de 2003 a la fecha. El documento tiene más de 300 páginas, llenas de gráficos y datos sobre la situación de los jubilados entonces y ahora. Uno de ellos es qué hubiera pasado si el Gobierno, en lugar de privilegiar los aumentos de la jubilación mínima, hubiese seguido el criterio de la Corte en el fallo Badaro de utilizar el índice de salarios de los trabajadores activos para ajustar todos los haberes. En ese caso, la jubilación mínima sería hoy de 655 pesos, muy lejos de los 1272 pesos actuales.

La decisión política que tomó el Gobierno fue elevar fuertemente la mínima, más de 530 por ciento desde 2003 a la fecha, y ampliar la cobertura previsional. En 2003, la mitad de las personas en edad de jubilarse no podían hacerlo porque no habían completado los aportes necesarios. La Anses instrumentó dos moratorias que les permitieron obtener una jubilación a 2.382.979 personas. Con ello, la cobertura previsional asciende en la actualidad al 96 por ciento, contando las pensiones no contributivas por vejez. Es la tasa más alta de América latina, destaca el documento que la Anses giró al tribunal supremo. “El 41 por ciento de los jubilados actuales accedió al beneficio mediante las moratorias”, agrega.

Con esa política, insiste el organismo, el coeficiente de Gini entre las personas en edad jubilatoria pasó de 0,27 a 0,18, siendo 0 el grado de máxima igualdad y 1 el de máxima desigualdad. La Anses también argumentó en contra de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones para cubrir los costos de extender los fallos Badaro y Eliff. “Es un stock de ahorros y no se puede utilizar para cubrir un flujo permanente de gastos”, sostiene, ya que se corre el riesgo de que el fondo se agote y no haya más reservas para atender eventuales situaciones de crisis.