El Gobierno frenó otra vez el fallo de la Corte Suprema contra la pesificación en la causa en que San Luis reclama 247 millones acorralados en el Banco Nación. Cerca de las ocho de la mañana, un rato antes de la reunión de Sus Señorías, la entidad se presentó anunciando que había depositado lo adeudado al gobierno puntano en Boden 2012, un modo de pago que la provincia nunca aceptó. Además, recusó a los jueces Eduardo Moliné O’Connor y Carlos Fayt. La gobernadora Alicia Lemme se instaló todo el día en la puerta de la sala de acuerdos del tribunal y anunció que ahí pasaría la noche a la espera de definiciones. Algunos jueces juraban en voz baja que hoy quieren firmar la resolución, pero no hay garantías de que confluyan los cinco votos necesarios para rechazar las recusaciones. Si sale, ordenarían la redolarización del depósito provincial pero dejarían el mecanismo de reintegro librado a una negociación entre las partes.
Algunos supremos dicen que quedaron algo desconcertados ante la jugada oficial, que califican como “una mera chicana para hacer tiempo mientras el Gobierno sigue intentando pactos con el FMI”. A pesar de que el oficialismo se preciaba ayer a través del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, de carecer de alguna clase de “expectativa extraordinaria” en relación con la sentencia redolarizadora, en Olivos el presidente Eduardo Duhalde mantenía por la tarde reuniones con miembros del gabinete en busca de alternativas para añadir obstáculos al máximo tribunal.
La mayoría de los integrantes de la Corte coincidió en razonar ayer rápidamente que la “invitación” a una devolución con bonos formulada por el Banco Nación es extemporánea puesto que San Luis ya rechazó esa opción durante el trámite del expediente y en varios intentos de conciliación con el Estado. “La provincia puede tomar los bonos si quiere, no es una imposición”, aclaraban voceros del Ministerio de Economía. En su sorpresiva notificación, la entidad bancaria anunciaba que había puesto a disposición los 247 millones en Boden, con lo que reconocía que al gobierno puntano le corresponden dólares. Pero a su vez a cambio le pedía que retorne lo que ya retiró a la cotización de 1,40 pesos por dólar + CER, que totaliza unos 350 millones de pesos. Lemme, desde su trinchera palaciega y en su ya perenne indignación, reiteró que sólo aceptará dólares cash o su equivalente en pesos.
Para los pronósticos, el panorama se torna más complicado en lo que a las recusaciones se refiere. Moliné O’Connor fue cuestionado porque su voto se filtró, íntegro, a la prensa. El pedido de apartamiento de Fayt se basa en los 200 mil dólares que le quedaron acorralados y que, según la presentación, lo harían parte interesada. La Corte ya rechazó meses atrás la excusación de Fayt ligada a ese mismo tema al igual que otras recusaciones dentro de la misma causa. Hasta Antonio Boggiano estuvo de acuerdo, pese a su evidente debilidad por los intereses bancarios. Pero nada promete que la historia se repita.
Un sector del tribunal daba por hecho que todas las presentaciones serían desestimadas y hoy se firmaría el fallo contra la pesificación en el caso de San Luis. Otros funcionarios judiciales, sin embargo, dudaban de que Boggiano aportara esta vez el quinto voto indispensable. En buena medida a él le debe el Gobierno el cuarto intermedio fijado por la Corte hasta hoy, ya que pidió un día para estudiar todos novedades en danza y nadie descarta que pida más. Tampoco integraría la mayoría Juan Carlos Maqueda, el hombre que Eduardo Duhalde puso en la Corte en reemplazo de Gustavo Bossert y cuya asunción el 30 de diciembre fue una de las tantas estrategias que difirieron el fallo redolarizador harto anunciado desde hace meses y nunca concretado. Y habrá que ver cómo procede Augusto Belluscio.
Dispuestos a limpiar el camino estarían los mismos cinco ministros que apoyan la redolarización: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López y los propios Moliné O’Connor y Fayt. Los dos últimos votarían cada uno en la recusación del otro. Si finalmente logran abocarse al expediente sobre pesificación, dictarían su inconstitucionalidad pero no establecerían el mecanismo de reintegro del dinero. Votarían en disidencia Belluscio, Boggiano y Maqueda, que estaban analizando cuestionar el recurso de amparo como vía adecuada para el cobro de deudas grandes en juicios ejecutivos. Enrique Petracchi está excusado por tener dinero atrapado en el banco.
La posición mayoritaria, entonces, daría la razón a San Luis y un plazo para que negociara con el Nación cómo implementar la devolución. Si no llegaran a ningún acuerdo, la causa volvería a la Corte, que entonces sí tendría que fijar las directivas para la devolución. Todavía no estaba claro ayer a última hora si el tiempo otorgado sería de 30, 60 o 90 días. Desde la Casa Rosada pugnaban con insistencia por la tercera opción, que dilataría esta historia hasta el próximo gobierno.
Un fallo planteado en esos términos sentaría un precedente judicial para los ahorristas que reclaman sus depósitos en moneda de origen. De todos modos, su proyección más allá del caso puntano es complicada mientras los supremos sigan sin definir cómo se debe devolver la plata a la gente. Eso es lo que iban a hacer en el expediente iniciado por Mirta Beratz que por lo pronto no figura en la agenda de los cortesanos previa al 27 de abril. Una frase con la que insisten los jueces promete “no lastimar al país”. En medio del trajín de los debates en Olivos, un ministro comentó a Página/12, con un dejo de optimismo, un cuadro de incertidumbre: “yo no sé si el fallo sale mañana”, dijo.