La calma financiera había dejado en el olvido las jornadas agitadas en la city. Ayer, tras el fallo de la Corte, volvió la tensión, aunque ello no logró desperezar al dólar, que sigue clavado en 3,20 pesos (ver aparte). Los banqueros creen que, a pesar de que hay riesgos en el fallo, no existe demasiado peligro de que la economía vuelva a desbocarse. Aunque hay que tomar en cuenta que para llegar a esta conclusión, los banqueros dan por hecho que el Estado se hará cargo de los costos que demande la redolarización. Un monto que ascendería a unos 3400 millones de dólares al tipo de cambio actual, tomando en cuenta al stock de depósitos del corralón.
El impacto fiscal de la medida surge de la diferencia entre los 2,06 pesos que los bancos se hacen cargo por cada dólar depositado originalmente (1,40 + CER + 2% de la tasa de interés) y los 3,20 pesos que vale el dólar en el mercado. Para los banqueros no hay alternativas: llegado el caso, el Estado tendrá que hacer frente a la redolarización ya que, aseguran, así lo deja entrever el fallo de la Corte al responsabilizar al Gobierno por la pesificación asimétrica entre depósitos y créditos. En especial en el punto donde asevera que “se ha arrasado lisa y llanamente con la garantía constitucional de la propiedad y destruido el presupuesto de la seguridad jurídica”.
Según comentaron a Página/12 distintas fuentes del sistema financiero, en los bancos hay consenso de que no presentarán ante la Justicia una demanda para dolarizar los préstamos, lo que en teoría salvaría su situación patrimonial pero que en los hechos provocaría un incendio económico y alejaría sus intentos de reconciliación con los clientes. Otro consenso entre los financistas refiere a las críticas hacia Roberto Lavagna por la supuesta imprevisión ante un fallo largamente esperado. Roberto Feletti, del Ciudad, lo mencionó con todas las letras: “El Gobierno carece de un plan de contingencia”, dijo ante un grupo de periodistas.
Frente a la posibilidad cierta de que la Corte avale la redolarización de los depósitos del corralón, por 18.900 millones de pesos, hay diversas opciones que se analizan en los bancos.
- Reprogramar los depósitos redolarizados a un lapso que podría ir hasta los diez años. A medida que venzan, los bancos comprarían en el mercado los dólares para devolverles a los clientes. Por la diferencia entre el 1,40 más el CER más la tasa y el dólar libre, el Estado emitiría un bono que entregaría a los bancos. Si bien esta alternativa logró consenso entre las entidades de capital nacional, es resistida entre las extranjeras ya que rechazan elevar su exposición en deuda pública.
- Algunos bancos propusieron que este proceso se haga de una sola vez, sin una reprogramación. Pero saben que será rechazada en el Gobierno ante el sobresalto financiero que generaría una abrupta demanda de dólares.
- La emisión de una nueva tanda de Boden 2012 para ser repartidos entre los ahorristas. Esta alternativa compulsiva fue rechazada en su momento por Lavagna.
La diferencia es que ahora existe un acuerdo con el Fondo para que el Estado se haga cargo de la redolarización. Los banqueros interpretan que un primer indicio figura en la Carta de Intención, en donde el ministro se comprometió a compensar a las entidades financieras por los amparos. Los banqueros infieren que si Lavagna aceptó esa condición sobre una medida cautelar, también lo será sobre un fallo definitivo. La segunda evidencia no es pública: refiere a los anexos del acuerdo con Washington, en los cuales figuraría el compromiso de entregar títulos públicos en caso de un fallo adverso de Justicia, algo que sucedió ayer. Lavagna, en una reciente exposición frente a senadores, admitió la existencia de esos anexos secretos pero se negó a difundirlos públicamente.
En la city sostienen que la resolución del máximo tribunal obligará al Gobierno a una definición sobre la redolarización antes de que expire sumandato. Suponen que, de lo contrario, Duhalde y Lavagna dejarán una bomba de tiempo al próximo inquilino de la Casa Rosada: no sólo aguardan “una catarata” de resoluciones favorables para los amparistas sino una gran cantidad de presentaciones judiciales por parte de ahorristas que en su momento extrajeron el dinero o se plegaron a un canje y ahora reclamarán una compensación por la diferencia. “Si el Gobierno no resuelve el tema en los próximos 60 días podría dispararse el dólar. Debe aprovechar el período que le otorgó la Corte para negociar con San Luis ya que cada día que pase sin definición se incrementará la incertidumbre”, señaló a este diario el gerente financiero de un banco líder.
El último punto que preocupa a los banqueros se relaciona con la conducta que tendrán los ahorristas. “Si sacan la plata del banco volveremos a tener problemas de liquidez”, sentenció la fuente.