“Yo no voy a quedar como el ministro que estatizó la deuda como Cavallo”, argumentó Roberto Lavagna para cerrar la discusión. Fue ayer a la mañana, en una reunión con las autoridades de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra). Allí estaban los titulares de los bancos Provincia, Ciudad y Credicoop, y el vicepresidente del Macro. Tanto esos banqueros como el presidente de la cámara que agrupa a las entidades extranjeras, Mario Vicens –que también se entrevistó con el ministro de Economía–, interpretan que el fallo de la Corte Suprema que redolarizó un depósito de la provincia de San Luis desatará una avalancha de amparos en favor de miles de ahorristas. La serenidad del Gobierno frente al dictamen del máximo tribunal contrasta con la preocupación de los financistas, quienes públicamente mantienen el bajo perfil, pero que ayer fueron a reclamarle con firmeza a Lavagna que el Estado emita un bono.
Las entrevistas del ministro con Abappra y ABA fueron por separado, pero los planteos básicos coincidieron. Los banqueros querían tantear qué está dispuesto a hacer el Gobierno frente a una eventual multiplicación de órdenes judiciales que redolaricen los depósitos. La explicación oficial de que el fallo de la Corte está “encapsulado” al caso San Luis resultó poco convincente para los equipos de abogados de las entidades financieras. “Si antes de este fallo los jueces le daban la razón a los ahorristas, ahora tienen más fundamentos para hacerlo”, señaló a Página/12 un director de un banco oficial. La lectura es que los magistrados de primera instancia recibieron una señal inconfundible de que están actuando correctamente.
Ricardo Gutiérrez, presidente del Banco Provincia; Roberto Feletti, del Ciudad; Carlos Heller, del Credicoop, y Ezequiel Carballo, del Macro, no consiguieron que Lavagna se conmoviera con sus advertencias. El ministro reiteró que el Gobierno no emitirá bonos para cubrir la diferencia entre 1,40 más CER y la cotización actual del dólar, y sostuvo que cada entidad deberá hacerse cargo de cumplir con los ahorristas. Vicens también fue a solicitarle que lance un bono frente a una disparada incontrolable de los amparos. Uno de los argumentos del jefe de Hacienda para oponerse es que en el último tiempo la mayoría de los ahorristas que saltó del corralón por una acción judicial dejó el dinero en el banco, en un depósito de libre disponibilidad.
Cuando la discusión se tornó más tensa, Lavagna sostuvo que no quiere estatizar la deuda como hizo Cavallo. Uno de sus colaboradores mencionó a este diario que el Gobierno “hará la plancha” en este tema porque “no nos queremos quemar faltando tan poco para irnos”. Cada banco deberá responder con su patrimonio frente a las demandas de los ahorristas. En este sentido, Lavagna remarcó que no está dispuesto a correrse de las metas del programa monetario pactado con el FMI. Eso significa que el Banco Central no emitirá pesos de manera descontrolada para asistir con redescuentos a las entidades financieras.
Los banqueros se molestaron por la indiferencia con que los recibió Lavagna. Y le reprocharon que aún existen varios temas pendientes, que complican el funcionamiento de las entidades. “Necesitamos una solución integral. Hace meses que damos vueltas con lo mismo. El Gobierno todavía tiene que dictar un decreto para que el Banco Central pueda instrumentar el matching (compensación de redescuentos con bonos). Nos descuentan de nuestra cuenta en el Central los intereses por los redescuentos pero nos pusieron en una cuenta indisponible los intereses de los préstamos garantizados. Nos falta el bono de compensación por la pesificación asimétrica, por los amparos y por la eliminación del CER en un conjunto de créditos. Si el Gobierno no quiere hacer nada por la redolarización, aunque sea que se ponga al día con lo que nos debe”, protestó un banqueroante Página/12. Eso mismo fue lo que le dijeron a Lavagna, quien por ahora mantiene su posición.