El recorrido de la crisis económica de Estados Unidos y de la Eurozona provoca cierta incredulidad desde la mirada de la experiencia argentina de haber transitado un proceso similar. La debilidad de los liderazgos políticos no se origina simplemente por deficiencias en la gestión, en ingenuidad o negación de los responsables de la gestión. Están subordinados a los intereses de las corporaciones financieras, se asemeja a como aquí los gobiernos adquirían a libro cerrado planes económicos confiando el Ministerio de Economía a Bunge&Born, a Domingo Cavallo con la Fundación Mediterránea, a Roque Fernández con el CEMA o a Ricardo López Murphy con FIEL. El saldo fue la peor crisis de la historia económica argentina. Esos economistas con sus respectivos equipos eran asesores del sector privado, y luego de pasar por la función pública volvieron a sus conchabos originales o a revistar en la plantilla de organismos internacionales. Ese trayecto se conoce como la “puerta giratoria” de representantes de los intereses del poder económico, de quienes no habría que esperar otra cosa que medidas que beneficiaran a su grupo de pertenencia. En Estados Unidos se exhibe con mayor transparencia ese estrecho vínculo de funcionarios en áreas claves de la economía con el sistema financiero. Por eso es una ironía que los mismos que provocaron la crisis sean los que se presenten como los portadores de la solución para superarla.

La desregulación del sistema financiero estadounidense fue instrumentada por funcionarios que previamente trabajaron en instituciones bancarias, y ahora son los responsables de administrar la crisis precipitada por esa medida. Larry Summer, secretario del Tesoro de la administración Clinton, ocupó la presidencia del Consejo Nacional Económico de Obama. Fue el promotor de esa desregulación que incluyó la eliminación de la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión. Esa medida había sido establecida en 1932 por la ley Glass-Steagall Act, como consecuencia del crac del ’29, y fue suprimida mediante la ley Gramm-Leach-Billey de 1999. En el siguiente cuadro se observa que esa red “puerta giratoria” tiene una continuidad en gobiernos demócratas y republicanos.

George W. Bush tuvo como secretario del Tesoro a Henry Paulson, quien trabajó en Goldman Sachs desde 1974, y era su director cuando ingresó en ese gobierno. En un esclarecedor documento del economista Julio Sevares publicado en la revista Realidad Económica (Nº 260), se explica que dos años antes de convertirse en funcionario Paulson encabezó un grupo de bancos de inversión que presionó por la reducción de los requerimientos de capital propio a las entidades. “La influencia de las finanzas sobre las regulaciones financieras se canalizó a través de los hombres del sector que participaron o participan en los gobiernos”, señala Sevares en “El poder financiero en la desregulación y liberalización de las finanzas”.

Las instituciones financieras tuvieron un papel central en promover la desregulación del sistema con sus ejecutivos convertidos en funcionarios, para luego también ejercer una impresionante capacidad de lobby para obtener el rescate por la crisis que provocaron. Después de la caída del banco de inversión Bear Sterns, las seis entidades más grandes de Estados Unidos (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan-Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo) ejercieron un activo lobby para influenciar en el Congreso y en el gobierno. Sevares revela que ese grupo ha contratado más de 240 ex funcionarios de gobiernos como lobbystas y gastaron centenares de millones de dólares en esa misión. Muchos de ellos “fueron arquitectos del régimen bancario que llevó a la crisis, cuando eran empleados en el Congreso o en puestos del gobierno federal”, afirma Sevares en base a la investigación de Kevin Connor Big bank takeover. How too-big-to-fail’s army of lobbyists has captured Washington, publicada por el Institute for America’s Future. El saldo que ofrece ese documento es impactante: en el conjunto de lobbystas de los seis grandes bancos y sus asociaciones, 243 trabajaron en el gobierno federal, 202 en el Congreso y el resto en la Casa Blanca, el Tesoro o en agencias gubernamentales de relevancia.

Sevares informa que, según la investigación de una organización de defensa y educación del consumidor de los Estados Unidos, en la última década las organizaciones financieras invirtieron 5100 millones de dólares en comprar influencia política. De ese monto, 1700 millones fueron “contribuciones de campaña” a congresistas y candidatos presidenciales, y el resto como pago a los lobbystas del sector financiero en el Congreso y en otras instancias del Estado. “Los congresistas que apoyaron las medidas favorables al sistema financiero recibieron mucho más dinero que los que no las apoyaron”, revela Sevares. Bajo esas normas institucionales, esa práctica no se la denomina corrupción sólo porque está legalizado ese tráfico de influencias y dinero.

No se trata ya sólo de que la aplicación de teorías económicas incorrectas conduce a políticas incorrectas, como se demostró con el neoliberalismo en la década del noventa en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos y Europa. Más aún, esas políticas han fomentado las crisis y exacerbaron su profundidad y duración. Ese resultado no es un “accidente”, como sostiene el mundo de las finanzas y sus propagandistas, sino que se explica en que los protagonistas principales de la actual fase del capitalismo dominado por las finanzas globales tratan de preservar y ampliar su poder sin importar los costos que ello implica. Para esa tarea cuentan con la suficiente capacidad de influir en las áreas sensibles de los gobiernos que les permiten mantener sus privilegios, sin importar que al mismo tiempo se desmorone lo poco o mucho de la estructura social de esos países que aún mantienen la categoría de potencias mundiales.

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