Durante sus cien años de existencia las agencias calificadoras de riesgo construyeron, acumularon y concentraron poder. No lo hicieron solas, estuvieron acompañadas por los organismos reguladores de los gobiernos en los países centrales, que crearon un jugoso y restringido mercado para un selecto grupo de empresas. Para emitir deuda, las empresas, provincias, municipios o países interesados deben legitimar/bendecir sus iniciativas mediante las notas que otorgan Standard and Poor’s, Moody’s o Fitch. Sin el visto bueno de esas compañías, esos papeles no serán siquiera considerados por los grandes inversores, ya que poseen, en la mayoría de los casos, limitaciones institucionales para comprar activos con una calificación que no supere determinado nivel en la escala de las agencias de rating.

A lo largo de las últimas dos décadas quedó en evidencia la incapacidad técnica, la falta de rigurosidad metodológica, la ausencia de un marco regulatorio efectivo y el fraude sistemático de las calificadoras de riesgo a la hora de analizar la capacidad de repago en tiempo y forma de los distintos instrumentos financieros que existen en los mercados. La debacle hipotecaria en Estados Unidos y su abordaje de la crisis estructural en la Eurozona son los episodios más recientes en una larga tradición de irregularidades y limitaciones de las calificadoras. Sin embargo, su prontuario es más profuso. Entre los eventos destacados figuran la calificación AAA, la más alta y segura, que otorgaron y preservaron hasta horas antes de la quiebra de Enron en 2001 y Lehman Brothers en 2008.

S&P, Moody’s y Fitch cumplieron un rol activo en el diseño de los activos estructurados con hipotecas subprime y luego fueron llamadas para certificar el riesgo de esos títulos que habían colaborado a crear. Les otorgaron la nota más alta AAA, indicador del riesgo más bajo. Un informe elaborado por la SEC en 2008, el organismo regulador del mercado bursátil norteamericano, evidenció la incapacidad técnica para evaluar riesgo y los conflictos de intereses que generan los negocios de las agencias de rating al ser contratados por quienes desean colocar deuda. El año pasado, en una sesión de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera en el Congreso de Estados Unidos, tres analistas de Moody’s reconocieron haber sido presionados por la gerencia para elevar la nota de algunos productos financieros en beneficio de los emisores que habían contratado a la empresa. Los analistas que cooperaban eran premiados con bonificaciones y ascensos. Quienes se negaban eran relegados.

En Grecia, Portugal, España, Italia y, más recientemente, Estados Unidos, sus evaluaciones sobre los problemas de endeudamiento y la magnitud del déficit público son los cómplices necesarios del establishment financiero y los gobiernos para legitimar los ajustes de las cuentas fiscales. Esas políticas de reducción del gasto convalidadas por los análisis de las agencias de rating y respaldadas por el FMI profundizan la recesión, generan más desempleo e implican una importante transferencia de recursos desde los Estados hacia el capital financiero. S&P rebajó la calificación de deuda de Estados Unidos y al día siguiente los inversores buscaron refugio en esos papeles “degradados” y el costo de financiamiento de ese país cayó. “El Gobierno no tiene ninguna dificultad para pedir préstamos y cubrir su déficit. Incluso un déficit muy elevado tendrán un impacto pequeño en la sustentabilidad fiscal de Estados Unidos. Nuestros problemas se deben al auge de una derecha extremista que está dispuesta a crear reiteradas crisis antes que ceder un ápice en sus demandas”, explicó el economista y Premio Nobel Paul Krugman, en un intento por dejar en evidencia la trama política subyacente.

Camino a la gloria

Si bien existen 150 empresas dedicadas a evaluar riesgos, las tres más grandes concentran el 95 por ciento del jugoso mercado global: S&P, que pertenece al gigante editorial McGraw Hill, y Moody’s poseen un 40 por ciento cada una mientras que la participación de Fitch, perteneciente a un conglomerado de servicios financieros francés llamado Fimilac, alcanza al 15 por ciento. ¿Cómo fue posible que lograran alcanzar esa situación de privilegio? Entre 1840 y 1920 surgió un grupo de empresas dedicadas a recabar, sistematizar y vender información comercial sobre distintas empresas a los inversores. La globalización financiera permitió que las agencias amplíen su clientela hacia los emisores de deuda. En ese proceso jugó un rol fundamental la SEC. Durante la Gran Depresión, el organismo prohibió que los bancos compren activos especulativos al tiempo que estableció que los instrumentos de deuda debían contar con una evaluación realizada por una “organización de calificación estadística nacionalmente reconocida” para ingresar en la cartera de inversiones de una entidad financiera. Antes que estallara la crisis en 2008, sólo tres empresas poseían ese sello de calidad: S&P, Moody’s y Fitch.