Mientras el Gobierno busca alguna respuesta ante una eventual catarata de amparos redolarizadores después del fallo San Luis, los integrantes de la Corte Suprema continuaron ayer su campaña para calmar a los deudores. En Economía analizan tres alternativas para capear el temporal hasta que asuma el próximo gobierno, que deberá ingeniárselas para no ser barrido por el verdadero huracán dolarizador.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, se preocupó ayer por aclarar que “por el momento, (el FMI) no hizo ninguna advertencia” sobre la situación en la que quedarían los bancos si tienen que afrontar la devolución en dólares de la totalidad de los depósitos pesificados. Pero recordó que “el Gobierno ha comprometido con el FMI un programa fiscal, monetario y cambiario”. En la carta de intención firmada con el Fondo Monetario no se explicita que el Gobierno deba tomar una medida concreta para responder a una dolarización de depósitos por parte de la Justicia. Sólo se dice que, en ese caso, se tomarán las “medidas necesarias” para corregir el programa monetario. Lo cierto es que el FMI presiona para que se entregue un bono compulsivo a los ahorristas, una solución –obviamente– compartida por los bancos. Así, evalúan en Washington, se acabaría con la incertidumbre permanente que se cierne sobre el sistema financiero cada vez que la Justicia amenaza con generalizar la redolarización de depósitos.
Por ahora, el ministro Roberto Lavagna descartó públicamente esa solución, que considera políticamente muy onerosa para la administración Duhalde. Pero, más allá del aspecto político, ese camino seguiría engrosando la pesada carga de la deuda pública: hasta el momento, el Gobierno emitiría unos 15 mil millones de dólares para compensar a los bancos por la pesificación asimétrica y otros ítem de sus balances. Un nuevo bono que cubriera la diferencia cambiaria entre 1,40 más CER y el tipo de cambio libre de los Cedros todavía atrapados en el corralón significaría, como mínimo, otros 4 mil millones de dólares.
Por eso, en el Gobierno estudian tres alternativas de emergencia, que servirían para patear el problema a quien asuma el próximo 25 de mayo. Son las siguientes:
- Extender el plazo para ejercer la opción por los Boden 2012, una medida que obviamente no tendrá ningún resultado. Ayer, Atanasof dijo que se estaba analizando. Pero lo cierto es que quien optó en su momento por los Boden 2012 hoy está en una peor situación respecto de quienes prefirieron quedarse con los Cedros, ya que con éstos, actualmente, se puede recuperar alrededor del 60 por ciento de los dólares originales, mientras que los bonos cotizan al 40 por ciento de su valor nominal en dólares.
- La segunda alternativa es asegurar a través del Banco Central la asistencia, a través de redescuentos, a los bancos más castigados por los amparos. Una estrategia así funcionaría si no se aceleraran bruscamente los fallos judiciales, porque en ese caso el Central vería desbordados los límites de emisión monetarios pautados en la carta de intención firmada con el Fondo.
- La tercera es apurar la apertura del corralón, anticipando la devolución de Cedros. Así, los bancos devolverían los depósitos a 1,40 más CER y los ahorristas que retiraran su dinero, se supone, no seguirían reclamando la redolarización. En este caso, evidentemente, el Central debería cuidar de proveer financiamiento a los bancos menos líquidos.
Mientras el Gobierno sigue estudiando qué hacer con los ahorristas, los magistrados de la Corte siguen tratando de aplacar a los deudores no bancarios, temerosos de una dolarización de sus préstamos. “Los miedos que están tienen que terminar y ustedes (por los periodistas) tienen que ayudar a terminar con esos miedos porque aquí nadie va a cometer tonterías”, afirmó Carlos Fayt, hoy el juez más cuestionado del máximo tribunal. Y agregó: “Tenemos que ayudar al país con palabras sensatas. La Corte tiene buen sentido, el sentido común elevado a la enésima potencia”, se autoelogió el ministro.
Según Fayt, la Corte resolverá el tema de los deudores apelando al “sentido común” y adelantó que podría aplicarse la “teoría de la imprevisión”, que prevé contemplar situaciones en las que las condiciones de contrato se modificaron por causas ajenas a los contratantes, sin intervención de su parte.
El viernes pasado, un juez falló en favor de un acreedor no bancario, disponiendo la dolarización de una deuda de 5600 dólares. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de los jueces han apelado al “esfuerzo compartido”, repartiendo la carga de la devaluación entre deudor y acreedor.