Por James Neilson

Los de afuera, que creen que la Argentina es un país transgresor en el que a nadie le importa la ley, no entienden nada. El tema es muchísimo más complicado. Aquí, la juridicidad es motivo de culto. Incluso las dictaduras más grotescas se preocuparon por hacer pensar que todas sus medidas, por aberrantes que éstas fueran, tenían algún fundamento jurídico. Sin embargo, sucede que, lo mismo que en ámbitos religiosos más ortodoxos, lo que con unción dicen adorar los fieles es tan nebuloso y tan escurridizo que ubicarlo es imposible.
En el fondo todo depende del interés personal inmediato de cada uno. Aunque todos afirman creer que la Justicia, porque es de ella que se trata, interviene a diario y de forma bien precisa en los asuntos de la Tierra, les es habitual elogiar su presunto accionar sólo cuando les conviene y pasarlo por alto, negándose a tomar en cuenta su presencia, si en su opinión obra mal. Por eso, la gente se ha acostumbrado a mudarse con tanta frecuencia desde el país legal hasta el netamente ilegal o, quizás, alegal, y viceversa. El viaje así supuesto ya es rutinario y todos los días millones lo emprenden. Los que reclaman que se respete al pie de la letra sus derechos adquiridos un momento se resistirán a pagar sus impuestos el siguiente, justificando su decisión aludiendo, a menudo con pasión, a teorías éticas que a un tiempo son ingenuas e ingeniosas.
Huelga decir que el fruto más notable de la rara combinación de legalismo pedante con ateísmo principista que predomina en el país ha sido el embrollo creado por el choque de la pesificación duhaldista contra la lealtad dolarizadora de la Corte Suprema. Por un lado está la ley en toda su majestad, por el otro la realidad que es espléndida según Duhalde y sus amigos y horrible a juicio de los expulsados del Edén verde posibilitado por la convertibilidad. Los perjudicados por la pesificación asimétrica quieren que el país entero vuelva ya al paraíso perdido; los beneficiados, que las puertas queden cerradas para siempre jamás. Algunos afortunados lograrán cruzar la frontera que separa la Argentina de la Corte de la gobernada por los políticos, pero, como siempre, la mayoría se verá excluida. Mientras tanto, el país continuará siendo esquizofrénico y en consecuencia ingobernable porque hoy en día gobernar supone hacer las cosas más o menos conforme a la ley. Si los jueces que interpretan la ley insisten en pedir lo que es físicamente imposible, la anarquía no puede sino imponerse para beneficio de los coyunturalmente fuertes y desgracia para todos los demás.