Las cuasimonedas provinciales, nacidas bajo el ahogo de una convertibilidad que colapsaba, empezaron a quedar en la historia. El gobierno nacional anunció ayer que utilizará 1000 millones de pesos de su superávit fiscal para rescatar esos bonos que en la crisis identificaron a cada provincia. El proceso, requerido por el Fondo Monetario, se iniciará dentro de un mes e involucrará a ocho distritos del interior. Para más adelante quedará la recompra oficial de patacones (Buenos Aires), Lecor (Córdoba) y Lecop (nacionales).
El adiós a los títulos provinciales dará inicio a mediados de abril con los Quebracho (Chaco), Bancafor (Formosa), Bono A y B (La Rioja), Federales (Entre Ríos), Cecacor (Corrientes), Bocade (Tucumán), Petrom (Mendoza) y los “bonos” de Catamarca. El operativo rescate se realizará mediante licitaciones organizadas por la Nación. La intención es pagar por ellos lo que valen en el mercado, y en este sentido existen notorias diferencias entre cada una de las provincias.
Los bonos más devaluados son los correntinos: apenas el 52 por ciento de su valor nominal. Le siguen los de Formosa (70%) y los de Entre Ríos (72%). Los demás cotizan entre el 85 y el 100 por ciento de su valor facial. Justamente, la idea del Gobierno fue comenzar con las provincias de menor emisión y con aquellas que más depreciadas tienen sus cuasimonedas.
Si bien Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete, adelantó que la Nación utilizará 1000 millones de pesos para el rescate, los cálculos de las consultoras privadas refieren que necesitará unos 800 millones. El monto representa el 10,6 por ciento sobre el total de 7500 millones de cuasimonedas que circulan en el país. Córdoba ya empezó a recomprar 500 millones en Lecor con un crédito del Banco Mundial. La absorción de los títulos tendrá un impacto fiscal sobre las provincias ya que los gobernadores podrán contabilizar un ahorro en sus cuentas: al vencimiento de los títulos no tendrán que pagar por el valor nominal.
El mecanismo a implementar es el siguiente: el gobierno nacional le prestará los fondos a las provincias a tres años de plazo y a una tasa de interés que oscilará entre 2 y 8 por ciento anual dependiendo de la conducta fiscal de cada distrito. No debe olvidarse que este operativo se pone en práctica bajo el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) que los gobernadores avalaron el año pasado, y que obliga a los gobernadores a equilibrar su presupuesto en el corto plazo y a dejar de emitir cuasimonedas. El préstamo de la Nación contará con la garantía de la coparticipación de impuestos que percibe cada distrito.
El ordenamiento monetario y fiscal de las provincias fue uno de los requisitos del FMI para firmar la última Carta de Intención. En principio, los bonos se iban a levantar con fondos provistos de los organismos pero la demora del acuerdo cambió la pauta. El reclamo del Fondo, avalado por el Banco Central, radica en que es imposible hacer política monetaria con una diversidad de monedas. “Lo que se busca es fortalecer el peso”, dijo al respecto Atanasof.