La UCR frenó nuevamente la discusión del proyecto de ley que busca limitar la venta de tierras a titulares extranjeros. Bajo el argumento de que el oficialismo “no quiere dar el debate”, la Comisión de Agricultura, presidida por el radical Juan Casañas, decidió no asistir a un plenario pautado para hoy, donde se analizaría el proyecto. Tras la decisión del tucumano, la titular de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, también se plegó a la estrategia opositora, a pesar de que había expresado su compromiso de asistir. Más allá de estos argumentos, la norma enviada por el Ejecutivo sufrió varias correcciones, muchas de ellas por pedido del Frente Amplio Progresista. Otra de las paradojas es que la Federación Agraria, que tiene representantes radicales, realizó ayer una conferencia de prensa para que el Congreso “debata en profundidad” este tema. Sin embargo, para Ulises Forte, radical y federado, “no están dadas las condiciones para tratar el proyecto”.

El plenario de las comisiones de Legislación General (a cargo de Vilma Ibarra), Asuntos Constitucionales y Agricultura estaba previsto para hoy. Sin embargo, Ibarra suspendió el encuentro por el rechazo opositor. Según relató la legisladora de Nuevo Encuentro a Página/12, Camaño estaba dispuesta a reunirse hoy –lo había expresado públicamente por la mañana–, pero tras conocer la decisión de Casañas “cambió de opinión”.

El debate que pretende poner límites a la venta de tierras a extranjeros no es nuevo. En el Congreso hay 14 proyectos, además del que envió el Ejecutivo, los cuales fueron debatidos el año pasado en dos oportunidades en plenario de comisiones. En aquella oportunidad estaban Ibarra, Camaño y Ricardo Buryaile, por Agricultura, que después fue reemplazado por Casañas, quien se vinculó con la FAA en pleno conflicto por la resolución 125.

“Nosotros queremos discutir todos los proyectos, pero la iniciativa oficial tiene muchísimas falencias. Parece que nos quieren apurar e imponer algo cerrado. No veo la voluntad política del Gobierno de discutir una buena ley”, señaló a Página/12 Ulises Forte.

–Sin embargo, la semana pasada, Legislación General se reunió y varios diputados de la oposición propusieron cambios que fueron aceptados –señaló este diario al ruralista.

–Hay muchas falencias... se pone un límite del 20 por ciento a nivel nacional, pero no se discrimina por provincia o municipio. Así como está, un extranjero puede comprarse una provincia –respondió Forte.

Ayer mismo, durante una conferencia de prensa, la plana mayor de la Federación Agraria reclamó cambios, entre ellos una mayor especificación sobre el límite a adquirir por jurisdicción, restricciones a los Estados extranjeros y una mayor especificación sobre las unidades económicas.

Lo paradójico es que parte de esos reclamos ya fueron discutidos la semana pasada en la Comisión de Legislación General, en la cual estuvieron presentes varios representantes de FAA, como el diputado Pablo Orsolini y el dirigente Pedro Peretti. Por ejemplo, la diputada Verónica Benas (FAP) insistió en la necesidad de especificar algunas restricciones en las llamadas zonas de seguridad de frontera y la protección de los recursos naturales que se encuentren dentro de un campo. Primera modificación aceptada.

También se especificó que el tope del 20 por ciento correrá para las provincias, municipios y departamentos y los Estados extranjeros tendrán las mismas limitaciones que las personas jurídicas alcanzadas por la normativa, dos temas reclamados por FAA.

Ayer, Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque radical, dijo que la iniciativa oficial “era groseramente inconstitucional”. Para evitar cuestionamientos de este tipo, se incluyó un artículo donde se especifica que los extranjeros con residencia prolongada y los casados con argentinos quedarán exentos de la normativa.

En ocasión de la presentación del Plan Estratégico Agroalimentario, el titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, afirmó a este diario que si la oposición no quiere acompañar el proyecto del oficialismo, podría presentar su propia iniciativa o firmar un dictamen en disidencia. “Pero que den el debate”, insistió Rossi. La semana que viene, Ibarra intentará convocar a un nuevo plenario. De no lograrlo, el oficialismo tendrá que esperar a la próxima sesión de la Cámara para solicitar un emplazamiento a las comisiones díscolas.

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