El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania precisó el carácter de su pedido de datos (domicilio y teléfonos) de periodistas que hayan escrito sobre el índice de precios al consumidor elaborado por consultoras privadas. El magistrado tuvo que aclarar que no se trataba de datos personales sino de información para que “pudieran ser localizados ante una eventual citación a prestar declaración testimonial”. El pedido se desprende de la demanda penal iniciada por Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, contra tres consultoras, fundada en la figura de “agiotaje”, es decir la “alteración de indicadores económicos de manera artificial, en procura de causar una determinada modificación de los resultados”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que sostuvo que “la protección constitucional a las fuentes de información periodística incluye el secreto de las líneas telefónicas que puedan ser utilizadas para el desarrollo de la actividad profesional”, pero también aclaró que “no existe disposición legal que exceptúe a los periodistas de declarar como testigos”.

Moreno presentó una demanda penal contra los consultores Carlos Melconian, Orlando Ferreres y Graciela Bevacqua. La resolución de Catania –que incluía a los periodistas de Clarín, La Nación, Ambito Financiero, El Cronista, BAE y Página/12–, se refiere solamente a la causa contra Melconian. Las otras recayeron en otros juzgados. En su querella, el funcionario le solicitó al magistrado distintas medidas, como pedidos de informes a financieras y el FMI, pero no hizo mención a los periodistas. Así lo señaló a este diario un asesor letrado del secretario. Quien sí recomendó pedir la lista de periodistas fue la fiscal Carolina Robiglio, pedido que el juez convalidó.

“El aparato judicial tiende a hacer todo mediante notificaciones, es algo muy autoritario. Si fuesen más ejecutivos, podrían alcanzar los mismos resultados”, explicó Gustavo Arballo, profesor de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa. Sobre la cuestión también se manifestó el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. “No puedo adelantar opinión sobre esto. Creo que lo que puede hacer un juez, si un periodista en una investigación penal manifiesta un hecho, lo puede citar como testigo y tendrá la obligación de decir la verdad, pero tiene el privilegio de reservarse las fuentes”, indicó, en declaraciones radiales.

La discusión que tomó estado público, es decir el pedido de información sobre periodistas que escribieron sobre inflación, tiene más que ver con la forma (el procedimiento del magistrado) que con el fondo de la cuestión. “No hay que escandalizarse por ser citados. Un cura, un médico y un periodista tienen la obligación de declarar ante la Justicia y todos tienen el derecho de preservar sus fuentes”, agregó Arballo.

Esta interpretación está en sintonía con lo expresado ayer por el CELS. “Reiteramos la constitucionalidad de la preservación de las fuentes de la información periodística y la conveniencia de despejar cualquier sospecha de publicaciones basadas en operaciones económicas, mucho más si ocurren a cambio de pagos explícitos o implícitos de sumas de dinero”, sostuvo el organismo de derechos humanos.

La decisión de Catania fue enmarcada por la oposición como un “cercenamiento a la libertad de expresión”, impulsado por el gobierno nacional. En la misma línea se expresaron ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. “La descalificación del periodismo y los periodistas que opinan de una manera no alineada con los intereses oficiales se ha vuelto en la Argentina una riesgosa y censurable práctica corriente”, sostuvo la entidad, integrada entre otros por José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Durrieu, funcionario bonaerense con Ramón Camps.

“El papel de los medios y periodistas es relevante para la causa y no por cuestiones éticas, sino para determinar si participaron a sabiendas en la divulgación de informes falsos. Esto no puede ser objeto de presunción sino de prueba”, concluyó el CELS.

En el comunicado que emitió ayer, Catania aclaró: “Los domicilios y teléfonos de los editores, redactores y periodistas solicitados el pasado 15 de septiembre se refieren en a domicilios y/o teléfonos en los cuales aquellos pudieran ser contactados ante una eventual citación a prestar declaración testimonial de alguno de ellos; y no (sic) de sus domicilios y/o teléfonos personales o de su uso particular”.