El gobierno nacional tomó la decisión de realizar una modificación del actual régimen de subsidios a la energía (gas, electricidad, hidrocarburos), el transporte (subtes, trenes y colectivos) y el agua (Aysa). El anuncio lo realizó ayer el ministro de Economía, Amado Boudou, junto a su par de Planificación Federal, Julio De Vido. Para analizar la incidencia de las transferencias directas sector por sector, el Ejecutivo creará un Grupo de Trabajo integrado por ambos ministerios, que deberá elaborar informes periódicos. Por su parte, la Sindicatura General de la Nación tendrá a su cargo el estudio de la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados. A su vez, se tomó la decisión de iniciar el proceso de traspaso del funcionamiento del subte y premetro a la Ciudad de Buenos Aires (ver aparte).

Como primer paso del nuevo esquema de subsidios, el Gobierno decidió quitarle el ciento por ciento de las subvenciones (en energía y agua) a los bancos, financieras, compañías de seguro, la telefonía móvil, las actividades extractivas, como los hidrocarburos y la minería. En total, será un ahorro fiscal cercano a los 600 millones de pesos. Según indicaron desde el Gobierno, a partir de estas modificaciones que se comenzarán a aplicar en lo inmediato, no debería haber modificación alguna en las tarifas. En el Presupuesto 2012 se calcularon transferencias al sector privado por 75.652 millones de pesos.

“La política de subsidios forma parte del éxito del modelo económico. Pero el volátil contexto mundial nos pone en situación de recalibrar la pertinencia de algunas transferencias. Los criterios rectores serán siempre los mismos, la equidad distributiva, la búsqueda de competitividad y el pleno empleo”, manifestó Boudou durante la conferencia de prensa.

El entramado de los subsidios en el país es complejo. El esquema aplicado hasta el momento apunta a financiar directamente a las empresas y no a los usuarios. En el caso de la electricidad, las subvenciones son canalizadas a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y llegan directo a las generadoras. Según datos de Economía, en 2010 Cammesa habría recibido y transferido 13.487 millones de pesos y para este año se calculan 20.000 millones.

“Quien no requiera un subsidio no debería tenerlo. Aquellos que vivimos en Puerto Madero o quienes viven en un country están en una posición económica diferente de quienes viven en otro barrio”, afirmó ayer Boudou. Si bien De Vido afirmó que “las tarifas son las que están”, una modificación del actual esquema tendrá como contrapartida un incremento de tarifas, aunque siempre de manera gradual, según anunciaron. Por ejemplo, durante los meses de invierno, el gas residencial deja de recibir subsidios, y por ende los importes son mayores que en otros momento del año.

El Ministerio de Economía realizó un estudio donde calculó que si se eliminaran completamente los subsidios a la generación de energía, las tarifas deberían multiplicarse por tres. “Obviamente vamos a comenzar por las empresas y no por las familias”, señaló ayer el vicepresidente electo, antes de pasarle la palabra a De Vido, quien detalló los sectores alcanzados por la primera quita del ciento por ciento de los subsidios: bancos, financieras, juegos de azar, telefonía móvil y actividades extractivas.

“Este es un primer paso que incide sobre actividades rentables y desreguladas. Pero vamos a seguir avanzando en todos los servicios, comerciales e industriales, analizando el tema junto con las cámaras empresarias y asociaciones de consumidores. Apuntaremos a la equidad social”, afirmó el ministro de Planificación Federal.

Si bien no se establecieron plazos para el análisis integral de los subsidios, el Grupo de Trabajo, a cargo del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y el subsecretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, debería entregar informes quincenales con los avances de cada análisis. Como parte de su labor, este grupo también podrá recomendar los ajustes tarifarios correspondientes a cada quita de transferencias directas. Este proceso será convalidado por la Sigen, a cargo de Daniel Reposo.

“Nosotros tenemos un área específica que analiza las estructuras de costos de los distintos sectores del gobierno, que ahora pondremos a disposición de este Grupo de Trabajo”, indicó a este diario Reposo, quien pondrá a trabajar a 70 auditores para tal fin.

El concepto que más repitieron Boudou y De Vido durante la conferencia de prensa fue “individualizar los subsidios”, es decir, salir de la lógica de financiar a las empresas y pasar a subvencionar directamente a los usuarios. El esquema aplicado por el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) para todo el transporte del Area Metropolitana apunta en esta dirección.

El Gobierno aportará este año aproximadamente 13.000 millones de pesos para los colectivos y otros 4200 millones para trenes y subtes. Según la cartera de Hacienda, una quita total del subsidio representaría un incremento de la tarifa de 230 por ciento para los colectivos y 580 por ciento para el resto. Además de ser inviable, el Ejecutivo recalcó que seguirá sosteniendo a los sectores más vulnerables.

En este sentido, la cartera de Transporte, que conduce Juan Pablo Schiavi, ya identificó –a partir del cruce de información del SUBE– que de los 419,7 millones de pasajeros de trenes del año pasado, un 28 por ciento necesitaría continuar recibiendo subsidios. En el caso del subte, si bien ahora se negociará la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, habría un 11 por ciento de pasajeros –de un total de 1,3 millón–, con necesidad básicas insatisfechas, que por lo tanto deberían recibir una tarifa diferenciada.

“Esta es una nueva etapa de personalización de subsidios en el marco de la equidad social. Nadie puede recibir un subsidio que no necesita y todos estos fondos van a ser recuperados y reinvertidos en infraestructura. Calculo que en unos tres o cuatro meses tendremos un panorama más completo de la situación”, agregó De Vido.

El derrotero para desentrañar el esquema de subsidios no será sencillo. En el Presupuesto 2012 está previsto destinar al sector privado de la energía eléctrica recursos por 21.802 millones de pesos, y otros 1600 millones para la ampliación de las redes de alta tensión. Si bien todavía no se conoce cuánto podrá ahorrarse el Estado una vez finalizada la readecuación, en el Ministerio de Economía calcularon que por cada 10 por ciento de incremento en la tarifa eléctrica, el fisco podría ahorrarse entre 1500 y 2000 millones de pesos.

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