Desde hace un tiempo la Comisión Nacional de Valores (CNV) asumió la tarea de facilitar el acceso a documentación relevante del organismo que pueda ser útil para las investigaciones judiciales sobre los delitos cometidos durante el gobierno militar. En ese sentido, brindó información relacionada con el apoderamiento de empresas y bancos tanto a la Secretaría de Derechos Humanos como al juez federal Daniel Rafecas. La reciente creación de una Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos cristaliza ese compromiso de la CNV con la defensa y respeto de los derechos humanos, condición indispensable para la construcción democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El diario La Nación dedicó un editorial a criticar la creación de esta oficina calificando la decisión de “estalinista” y de tener un “afán persecutorio”, defendiendo la actuación de civiles durante la última dictadura a los que supuestamente la CNV ataca con la decisión de darle acceso público a documentación perteneciente al período 1976-1983.

En la editorial, se intenta realizar una –forzada– distinción entre la actuación de los civiles y los “actos relacionados con la represión a la guerrilla que puedan ser objeto de la Justicia penal”. Si bien se vislumbra una coherencia con la línea editorial que mantuvo el diario durante el proceso militar, resulta llamativa tanta preocupación por posibles investigaciones que puedan concluir en la sanción de responsables civiles de crímenes de lesa humanidad. Además, es completamente inapropiado circunscribir los miles de asesinatos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos dentro de ese genérico concepto de “represión a la guerrilla”.

No puede escindirse la represión del genocidio social producido por el plan económico de la dictadura que se apoyó en una profunda concepción neoliberal que llevó a nuestro país a la desarticulación productiva, implementada a partir de los procesos de liberalización comercial y financiera. Se produjo un desmantelamiento sistemático de importantes ramas de la actividad industrial, perdiéndose no sólo numerosos puestos de trabajo, sino también el valioso proceso de aprendizaje tecnológico acumulado. De esta forma, la economía pasó de un modelo productivo a uno rentístico, donde se fomentó la especulación y la valorización financiera que desembocaron en el endeudamiento externo y en una feroz redistribución de la riqueza en detrimento de los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Estos aspectos han generado un grave daño social que también expresan serias violaciones a los derechos humanos que abren nuevos campos de trabajo e investigación.

Los organismos de derechos humanos han hecho esfuerzos incansables para desarmar las estructuras de impunidad, desde los años de la transición democrática y hasta hoy se avanzó muchísimo en la materia. Sin embargo, los pactos y las complicidades entre los representantes del sistema financiero de aquella época y el gobierno militar aún no han sido analizados en profundidad y resta mucho por conocer en este aspecto. Es imposible imaginar sociedades más justas sin saldar estas cuestiones.

* Titular de la Comisión Nacional de Valores.