El monto a pagar por el servicio de agua y cloaca que brinda la estatal AySA, luego de la quita del subsidio, pasará en promedio de 25 a 75 pesos bimestrales, una suba del 290 por ciento. Lo confirmó el titular de la firma, Carlos Ben, quien mantuvo un diálogo con Página/12 donde analizó el efecto que espera que tenga la puesta en marcha de la renuncia voluntaria a los subsidios y detalló los números de la empresa en relación con la recaudación y los gastos. En la ciudad de Buenos Aires y 17 municipios de la provincia de Buenos Aires, región donde AySA brinda el servicio, todavía 1.500.000 habitantes no tienen agua potable y tres millones carecen de desagües cloacales. Ben aseguró que la prioridad del plan de inversiones vigente es resolver esa situación.

–¿Cómo evoluciona la renuncia voluntaria al subsidio en el servicio de agua que presta AySA?

–La renuncia voluntaria está en una etapa inicial y esperamos que se vaya multiplicando. La empresa está bien ubicada y su calidad es reconocida entre los usuarios. Hace diez años que nuestra tarifa no se modifica, no está actualizada y es reducida en relación con la calidad del servicio. Además, la gente reconoce el esfuerzo enorme que hace el gobierno nacional en la ejecución de una gran cantidad de obras que, desde la creación de AySA, en 2006, permitió incorporar al servicio de agua a 1.500.000 personas y sumar un millón de desagües cloacales. Eso nos hace optimistas frente a la renuncia voluntaria.

–¿Realizaron algún tipo de estimación sobre cuántos usuarios podrían darse de baja de forma voluntaria?

–No, recién está comenzando. Estas cosas se deben dejar desa-rrollar en el tiempo. Es un proceso por el cual la gente medita, pregunta, pero sin duda va a ir evolucionando favorablemente. Vamos a hacer difusión hablando con los usuarios y con asociaciones de consumidores.

–¿Cómo se va a modificar el valor que deben pagar los usuarios que renuncien voluntariamente al beneficio estatal o, en una segunda etapa, no sigan recibiendo el subsidio por decisión del Gobierno?

–Los usuarios deberán afrontar montos en promedio un 290 por ciento más altos. La factura promedio por los dos servicios, de agua y desagües cloacales, pasaría de forma bimestral de 25 a 75 pesos. A nivel absoluto, estamos muy lejos de los estándares de otros países. Con respecto a otras provincias la situación es dispar, pero en general los valores quedarían relativamente parejos. En la provincia de Buenos Aires el ajuste tarifario promedio fue mayor al 200 por ciento.

–¿Considera que además de la quita gradual de subsidios también deberían discutirse las tarifas, es decir, los ingresos de las empresas distribuidoras?

–Lo importante es ejecutar en forma correcta y eficiente los servicios que presta cada empresa. La cuestión tarifaria no constituye el principal tema en este momento. La decisión ahora es priorizar la ejecución de los servicios y eso es valorable. No somos una empresa que trabaja con un criterio de utilidad, sino que trabajamos con el resultado. Nuestra mirada se centra en expandir el servicio para poder incorporar cada vez mayor cantidad de gente.

–¿Cómo es la ecuación de ingresos y gastos de la empresa?

–AySA recauda en forma anual entre 700 y 750 millones de pesos, mientras que el gasto operativo se ubica entre 2000 y 2400 millones. El subsidio estatal cubre la diferencia. Es importante tener en cuenta que estamos dentro de un rango de costos razonables. De hecho, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideró que la cantidad de personal contratado por cada mil conexiones está en un segmento de bueno a muy bueno. Además, tenemos una gran cantidad de costos auditados por diversos entes reguladores.

–El ministro De Vido afirmó que los recursos que dejen de destinarse a los subsidios se van a aplicar al financiamiento de obras de infraestructura. ¿Qué proyectos se verían beneficiados en el caso de AySA?

–Todas las obras de infraestructura están contempladas en el Plan Estratégico de AySA. El Gobierno le dio prioridad a ese gran proyecto con independencia del tema de los subsidios. El plan prevé que en cuatro años la cobertura de los servicios de agua potable llegue al ciento por ciento y que todos puedan acceder a servicios cloacales en un período de entre ocho y diez años. Dentro de este marco, si esas obras se pueden hacer antes, mejor.

–En la gran mayoría de los casos, el servicio de agua no se cobra en función del consumo. Esto es fuente de inequidad, ya que en general los mayores consumos se vinculan con los sectores más privilegiados.

–En la actualidad, sólo el 15 por ciento de los usuarios tiene medidor. Lo poseen todos los no residenciales, donde es obligatorio, y sólo unos pocos hogares. Ahora estamos tratando de recuperar la medición en los edificios de propiedad horizontal. Tener más medidores nos permitiría identificar mejor a los que más consumen. Entendemos que debería medirse el ciento por ciento del universo de los que reciben el servicio, pero hacer planes masivos de medición requiere de una inversión muy importante. Ahora eso queda en un segundo plano frente a la prioridad de ampliar la cobertura del servicio.