El acuerdo entre el ahora ex gobernador de Río Negro y la provincia china Heilongjiang, que también incluyó a una firma estatal de ese país, volvió a foja cero. Un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial aceptó un amparo ambiental colectivo presentado por la legisladora del FpV (Movimiento Evita) Silvia Horne y dictó una medida de no innovar. En sus considerandos, demostró punto por punto que el Poder Ejecutivo provincial no sólo no había considerado los impactos ambientales de la iniciativa ni respetado ninguno de los procedimientos legales de rigor, sino que adicionalmente se había excedido en sus facultades concedentes.

El Ejecutivo provincial llevó adelante en secreto las negociaciones con China, incluso luego de las estadías del propio Saiz en el gigante asiático. Los contenidos del convenio y la sumatoria de facilidades sólo comenzaron a conocerse cuando la situación tomó estado judicial. Fue entonces cuando la provincia contrató a una consultora de prensa porteña para tratar de hacer más digeribles las concesiones. Entre ellas, siendo las más relevantes, la provincia se comprometía a facilitar el otorgamiento de 20.000 hectáreas en el Valle Inferior del Río Negro y 234.500 en Valle Medio; un total de más de un cuarto de millón de hectáreas irrigables. A ello sumaba también 3000 hectáreas para “experimentación agrícola”.

Las concesiones no eran sólo de tierras, también se acompañaba con la excepción “de todos los impuestos provinciales” y el otorgamiento de oficina y vivienda para los técnicos chinos “en el domicilio del gobierno provincial”, con equipamiento y transporte más el pago de todos los gastos durante el proceso de desarrollo de la inversión. Para completar, se cedía parte de la zona portuaria de San Antonio Este por 50 años extensibles a un siglo. Todo ello más una lista extensa de beneficios complementarios.

Dicho de otra manera: el saliente gobernador rionegrino comprometía a una provincia y una empresa estatal extranjera tierras, recursos naturales, puerto y presupuesto público a cambio de que desarrollen un enclave exportador de productos primarios con nulo efecto multiplicador en el desarrollo futuro de la economía provincial. Ese acuerdo fue con ausencia de estudios de impacto ambiental sobre los desmontes de regiones semiáridas, inapropiadas para la agricultura de secano, que demandarían obras de regadío utilizando recursos estratégicos y potencialmente escasos como la extensa cuenca hidrográfica que colecta las aguas cordilleranas desde el sur de Mendoza hasta el lago Nahuel Huapi. Esas concesiones no fueron explicadas desde la perspectiva económica y ambiental.

Lo más interesante del fallo, además de sus consecuencias inmediatas de frenar el convenio, fue que desarmó y rebatió la lógica de cada una de las medidas, así como la facultad del Ejecutivo para concederlas. Sin embargo, la decisión del STJ sólo se produjo ante un cambio de clima político en la provincia.

Entre la presentación del amparo y el fallo sucedieron algunos hechos. No se cubrió la vacante de un juez cercano a la administración radical del alto tribunal que solicitó su jubilación, Luis Lutz, en tanto que un segundo magistrado también cercano al gobierno saliente, Alberto Balladini, renunció ante un potencial juicio político. La renuncia sucedió inmediatamente después de los recientes resultados electorales que llevaron a la gobernación al justicialista Carlos Soria luego de 23 años de hegemonía radical.

En consecuencia, el fallo sólo lleva la firma del único miembro remanente del STJ, Víctor Sodero Nievas, ex fallido candidato a gobernador por el justicialismo en tiempos de Carlos Menem. Si bien se hizo lugar a la medida de no innovar, el magistrado transfirió la responsabilidad de continuar con el convenio al nuevo gobernador. Tras el freno del preacuerdo realizado por Saiz, a Soria le será difícil soslayar los recaudos formales, legales e institucionales. De todas maneras, el nuevo mandatario no demostró hasta ahora ninguna voluntad de continuar las negociaciones, a la vez que, según informó la diputada Horne a este diario, los doce técnicos chinos que se encontraban en la región ya fueron llamados a su país.