El proyecto que pretende regular las operaciones de compraventa de tierras por parte de personas o empresas extranjeras ya está listo para ser debatido hoy en la Cámara de Diputados. Ayer se constituyeron las comisiones de Legislación General, que quedó a cargo de Luis Cigogna (FpV), Asuntos Constitucionales (Diana Conti-FpV) y Agricultura (Luis Basterra-FpV), las cuales aprobaron el dictamen de mayoría. Junto a este tema, la sesión especial tratará el Presupuesto 2012 y una serie de leyes económicas (ver aparte). El proyecto del Ejecutivo fija un límite del 15 por ciento del territorio nacional con posibilidad de ser vendido a titulares extranjeros (extensible a las provincias y municipios) y cada titular no podrá adquirir más de mil hectáreas. En ningún caso, las empresas o personas de una misma nacionalidad podrán superar el 30 por ciento de la extensión total establecida.

El dictamen del oficialismo, que también contó con el aval de Felipe Solá y los peronistas de San Luis, incluyó las modificaciones que habían propuesto los legisladores que hoy integran el Frente Amplio Progresista (FAP), durante la discusión que se dio en el año. En esta oportunidad, el bloque no acompañó el dictamen.

“Tenemos que proteger un recurso estratégico no renovable. Tiempo atrás, habíamos sido advertidos sobre la aparición de personas físicas o jurídicas que adquirían cientos de miles de hectáreas. Debemos evitar estas situaciones, pero sin un tinte xenófobo”, afirmó Cigogna durante el inicio del debate.

El proyecto que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2011. La iniciativa había sido anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de las sesiones ordinarias de este año. Sin embargo, su proceso de escritura había arrancado en noviembre de 2010. Para su armado, el Ministerio de Agricultura conformó un equipo multidisciplinario (ingenieros agrónomos, abogados, antropólogos, etc.) que trabajó a la par del abogado Eduardo Barcesat y el especialista en derecho agrario Aldo Casella, uno de los letrados consultado por la Federación Agraria para armar sus proyectos de ley.

El proyecto que decidió poner en discusión el Ejecutivo es, en realidad, el resultado de algunas sugerencias que habían sido formuladas por la legisladora con mandato cumplido Verónica Benas, primero del bloque SI y luego del FAP. La norma especifica que se entenderá por tierras rurales “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino”.

Los límites más taxativos fijan un 15 por ciento como tope máximo para vender a titulares extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas. En el proyecto original, el límite era del 20 por ciento. Otra novedad es que ese límite se hace extensivo a los municipios, departamentos y provincias. Uno de los temas más cuestionados tenía que ver con el límite de mil hectáreas como tope máximo para cada comprador. La oposición quería incluir la definición de unidades productivas, pero el Ejecutivo rechazó ese término. Sin embargo, se aceptó especificar el límite de mil hectáreas “o una superficie equivalente”. Para fijar esta equivalencia, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales deberá tener en cuenta la localización de las tierras, así como también la capacidad y calidad para su uso.

Por otro lado, la norma indica que las operaciones de compraventa de tierras no pueden ser consideradas una inversión. Este artículo tiene por objetivo evitar cualquier cuestionamiento ante el Ciadi. El diputado del radicalismo Ulises Forte, hombre de la Federación Agraria, cuestionó el dictamen y reclamó una ley integral de tierras. “Una cosa es que la mayoría numérica imponga un debate y otra es que te impongan una cuestión casi dictatorial del tipo ‘si tenemos los votos no escuchamos a nadie más”, señaló Forte.

El actual ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, afirmó en un reportaje con Página/12 publicado el lunes pasado, que este proyecto representaba el primer paso de un conjunto de normativas que deberían abocarse a resolver “los conflictos alrededor de la tierra, como son las ocupaciones indebidas de campos, alquileres y la situación de los pueblos originarios”.