Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio y Agustín Rossi, de la bancada oficialista, levantan la mano y ganan la votación.
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La Cámara de Diputados aprobó por 134 votos a 92 el proyecto de ley que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios. La norma fue girada inmediatamente al Senado, que hoy comenzará su tratamiento en un plenario de comisiones para alcanzar su sanción la semana próxima (ver aparte). Los legisladores de Proyecto Sur, Unidad Popular y el bloque liderado por Felipe Solá decidieron abstenerse, mientras que el resto de la oposición (UCR, PRO, CC, FAP y el Frente Peronista) votó en contra. La norma establece que la compañía Papel Prensa, cuyos accionistas mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación, mientras el Estado posee una participación minoritaria, deberá ofrecer un precio igualitario a todos los medios del país y garantizar el acceso al insumo básico para todos los jugadores del mercado. Además, se prevé la creación de un Consejo Federal y una Comisión Bicameral que tendrán por función hacer cumplir las disposiciones de la norma.

El proyecto de ley que fue aprobado ayer por la Cámara baja tiene un trasfondo económico y otro político. En los fundamentos del texto enviado por el Ejecutivo también se remitió el informe “Papel Prensa, La Verdad”, elaborado por la Secretaría de Comercio interior, a cargo de Guillermo Moreno. Esa investigación concluye que hubo una apropiación coercitiva de las acciones de la compañía por parte de los diarios citados (más La Razón) y el gobierno de facto, en 1976. El aspecto económico tiene que ver con la configuración del mercado del papel para diarios, a partir de la irrupción de los actuales integrantes de la compañía, el Estado incluido.

“Nos hemos cansado de escuchar en las últimas tres décadas las denuncias por parte de medios importantes relacionadas con la ine-quidad, opresión y disciplinamiento que tenían los diarios que no eran beneficiarios de la distribución del papel. Hemos asistido a la quiebra de muchos medios. Por eso se mandó este proyecto de ley. No existe en ningún país del mundo que el dueño de la empresa que fabrica el papel para diarios sea también el dueño del medio”, explicó la diputada Juliana Di Tullio (FpV), titular de la Comisión de Comercio.

Esta situación comercial fue denunciada por el Estado al detectar el “pacto de sindicalización”, donde los accionistas privados habían tomado el compromiso de actuar siempre en conjunto, bajo la premisa de que ninguna de sus decisiones podría afectar a sus empresas controlantes.

Este fue el argumento que utilizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando anunció que enviaría al Congreso este proyecto, el 24 de agosto de 2010.

El texto de la ley fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y crea un Consejo Federal que estará integrado por diarios de todo el país, los cuales no podrán tener ninguna relación societaria con Papel Prensa. Además, se le obliga a la compañía a presentar un plan de inversiones cada tres años y se le exige que opere al máximo de su capacidad. Si los accionistas privados no invirtieran, el Estado podría cubrir esas erogaciones, que redundarían en una capitalización de la empresa. Los derechos políticos que surjan de ese incremento de capital serían ejercidos por el Consejo Federal.

“Asúmanlo, quieren estatizar Papel Prensa y no lo dicen. Quieren quedarse con el control de la empresa, para cercenar las ideas, no las de Clarín, sino la de cualquiera que tenga otras ideas a las del oficialismo”, juzgó Juan Pedro Tunessi (UCR).

Más allá de esa postura, la oposición reconoció que existe una situación monopólica en este segmento de mercado. “En la sociedad civil también hay abusos de poder”, dijo Ricardo Alfonsín (UCR). “La historia de Papel Prensa es la historia de la connivencia con el poder político de turno”, sostuvo Carlos Comi (CC). Todos los opositores afirmaron que el Gobierno violaba la Constitución al querer generar un marco regulatorio para la producción de papel. Sin embargo, muchos presentaron dictámenes también proponiendo la declaración de interés público para la fabricación y comercialización de este insumo.

“Vencerán pero no convencerán. Mientras haya jueces en la Argentina, esto no prosperará”, advirtió Ricardo Gil Lavedra (UCR), casi anticipando (o promoviendo) lo que sería un nuevo capítulo de medidas cautelares, tal como ocurrió con la ley de servicios audiovisuales.

La intervención de Carlos “Cuto” Moreno (FpV) contrarrestó, de alguna manera, el presagio del radical. “Hoy tengo una alegría. Echaron al juez (Otilio) Romano, prófugo en Chile y el mismo que convalidó una medida cautelar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (a favor del Grupo Clarín).”

“Con el informe ‘Papel Prensa, La Verdad’, la Presidenta tomó dos caminos. Por un lado, el de la Justicia, donde se investiga una causa penal enmarcada en los delitos de lesa humanidad, y por otro lado, el parlamentario, donde envió al Congreso un proyecto de ley para subsanar el perjuicio que ocasiona Papel Prensa en el mercado”, concluyó Agustín Rossi, titular del bloque del FpV, antes de que se realizara la votación.