La Asociación Empresaria Argentina (AEA) intenta marcar la agenda de los candidatos en materia económica. Tras el traspié inicial provocado por la demanda del seguro de cambio, que significó una fuerte deslegitimación social en plena crisis, la agrupación vuelve a la carga con las “Propuestas de AEA para el nuevo gobierno”, una corta lista de enunciados generales que combinan reclamos sectoriales con enunciados vacíos de sesgo ortodoxo.
Luego de la devaluación con pesificación asimétrica, la sociedad identificó a la Unión Industrial Argentina, y en especial en la figura de su ex presidente y fugaz ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, entre los muchos responsables de la generalizada licuación de ingresos. Fue entonces cuando sectores que habían quedado afuera del nuevo reparto decidieron construir una nueva entidad empresaria por encima de las diferencias entre “productivos” y el eje “bancos-privatizadas”. El factor aglutinante fue el endeudamiento con el exterior. La patriada encontró unidos a bancos, privatizadas, laboratorios, empresas de comunicación o con fuertes vínculos con el mercado interno, como Arcor, las mismas que hoy demandan un dólar a 2,20, pero también algunas firmas cuya participación respondía a razones más complejas, como petroleras y, con un rol menos activo, el grupo Techint.
Según se evalúo en las filas de la propia AEA, la falla de origen de la nueva entidad fue quedar asociada a la demanda de seguro de cambio. Por eso, el tono de su último documento fue, sin bajar las banderas, más moderado, con frases poco contundentes y, en algunos puntos, casi un calco de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
El documento sintetiza “los puntos fundamentales que conforman la agenda de políticas públicas que la entidad considera prioritarias para la recuperación institucional y el crecimiento económico de la Argentina”. En otras palabras, lo que los candidatos deberían aceptar para contar con el respaldo empresario.
El escrito comienza con un tiro por elevación a la devaluación y la pesificación. “Para inaugurar un ciclo de desarrollo sostenido”, sostiene, “es imprescindible contar con un marco económico e institucional previsible”. Más adelante, también se apuesta a la redolarización, cuando se sostiene que “se debe restaurar la confianza de los ciudadanos mediante el respeto a la ley y a los contratos públicos y privados”. Una demanda cara a las privatizadas, que añoran las épocas de las cláusulas de ajuste en dólares.
Los reclamos de los bancos también están presentes. “La recuperación del sistema financiero debe ser una política de Estado”, afirma la agrupación. Siguiendo las demandas del FMI el documento agrega que “la recuperación genuina y sostenible de la actividad económica requiere restablecer vínculos normales con el sistema financiero internacional”. Para ello, el “objetivo prioritario” del próximo gobierno debe ser “llegar a acuerdos duraderos con los organismos multilaterales de crédito”. En especial para “implementar una reestructuración ordenada de la deuda pública y privada; llevando adelante una renegociación firme, pero razonable con los acreedores”, concluye. Como se ve, no sólo se retoman los viejos temas, como la deuda privada, sino que el celo contractual se vuelve aquí más laxo. Por lo demás el documento recurre a consideraciones ortodoxas y ahistóricas sobre la independencia del Banco Central y la solvencia fiscal. Nada muy significativo en un contexto en que esas demandas ya se cumplen.