Los contratos de provisión de gas a las distribuidoras se están transformando en una bomba que puede estallar en manos del próximo gobierno a menos que, milagrosamente, la gestión de Eduardo Duhalde encuentre el camino para desactivarla antes de abandonar la Casa Rosada. Según especula la Secretaría de Energía, si las productoras no consiguen ajustar el precio de sus contratos compulsivamente pesificados, en los próximos meses podría haber desabastecimiento. El vidrioso camino para evitarlo sería permitir que el precio del fluido suba y, por consiguiente, que aparezca en escena una nueva razón para que aumenten las tarifas gasíferas.
Semanas atrás la Justicia dejó en suspenso el ajuste dispuesto por decreto sobre el precio que cobran las distribuidoras a los usuarios finales. Ese ajuste intentaba mejorar los márgenes de distribución, que es sólo uno de los componentes del precio que pagan los consumidores. Pero mientras este tema aún no está zanjado, es posible que se abra otro frente de batalla, esta vez, por el valor propiamente dicho del gas que compañías como Metrogas o Gas Natural Ban, por citar dos ejemplos, compran a otras como Repsol o Perez Companc.
El precio del gas en boca de pozo es libre, mientras que las tarifas de transporte y distribución están reguladas y por ello sólo pueden modificarse si media autorización oficial. Tal como está diseñado el sistema, si se encarece el precio del combustible, los otros tramos de la cadena deberían absorber esa suba, a menos que el Enargas le permita trasladarla, con el consiguiente impacto en la tarifa final.
Esos contratos –originalmente pactados en dólares o con cláusulas de ajuste en dólares– fueron pesificados, lo que derrumbó los ingresos de las productoras en moneda dura: pasaron de cobrar entre 1 y 1,30 dólares el millón de BTU, a alrededor de 40 centavos. Con Oscar Vicente a la cabeza, desde entonces las petroleras plantearon que deberían redolarizarse los acuerdos de provisión, al menos con sus grandes usuarios, atendiendo que muchas de estas firmas exportan y, por consiguiente, tienen ingresos en divisas. Quedaba en una zona gris qué podría pasar con los contratos a las distribuidoras, tema que las empresas siguen discutiendo arduamente hoy con el gobierno.
Según advierte la secretaría de Energía, el riesgo actual es que los contratos celebrados entre esas compañías están venciendo y las productoras amenazan con suspender las tareas de exploración y hasta llegar al extremo recurso de cerrar los pozos de gas si no se les permite celebrar acuerdos con un precio mayor. Ese supuesto lock out haría faltar gas no sólo en los domicilios sino, eventualmente, en las usinas eléctricas.
El dilema que advierte entonces el secretario Enrique Devoto es que, para contentar a los productores, habría que permitir una corrección de tarifas en toda la cadena, lo que indefectiblemente cargará ese mayor costo sobre la tarifa final. “De lo contrario, quiebran”, asegura el funcionario en relación a las distribuidoras, que están haciendo causa común con sus proveedores. “Hay que descongelar los precios en los tres niveles: producción, transporte y distribución”, opinaban ayer en Gas Natural Ban, cuyos accionistas integran la nutrida lista de inversores extranjeros que denunciaron al país ante tribunales internacionales por vulnerar las cláusulas contractuales que ligaban su tarifa al dólar.
Energía hoy considera que hay pocos elementos para impedirlo, ya que estos acuerdos “no están comprendidos por la ley de Emergencia Económica”, que pesifica e impide cualquier indexación así como aumentos por mayores costos. Desde el año pasado algunas distribuidoras ya pagan el gas “a cuenta” de una futura tarifa definitiva. Esa que debería acordarse bajo el paraguas de la próxima administración.