La continuidad de estructuras de gobierno y funcionarios fue uno de los aspectos más destacados por diversos analistas como marca inicial del nuevo mandato de CFK. De todos modos, esta segunda vuelta comenzó con la creación de dos dependencias en el área económica que, en primera instancia, no parecen de forma, sino que puede suponerse como señal y objetivo de gestión. La única que ha tenido repercusión fue la secretaria de Comercio Exterior, no por sus funciones específicas sino por el atractivo mediático de la figura de Polémico Moreno debido a que Beatriz Paglieri, quien conducirá esa dependencia, ha compartido tareas con la persona que a lo largo de estos años ha sido rebautizado. Esa anécdota desvía la atención de que esa secretaría viene a ordenar la intervención pública en un sector relevante de la economía, más aún con un horizonte de tensión en el frente externo. La otra novedad es la secretaria de Planeamiento Estratégico Industrial, que irrumpe en el organigrama estatal adelantando la intención de avanzar en una coordinación más precisa de las iniciativas públicas. Ya existe la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en el ministerio que lidera Julio De Vido, y el flamante ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, adelantó en la entrevista publicada por este diario el lunes pasado que tiene la intención de institucionalizar el plan estratégico agroalimentario. Se ha empezado a diseñar un marco para articular un eslabón faltante de la política económica: la planificación del desarrollo.

La experiencia de gestión del kirchnerismo, emergente de la crisis política, social y económica de 2001, ha sido por su huella de origen de características adaptativas en el espacio de la economía. Frente a crisis y diversos desafíos que irrumpieron en la escena local, la orientación de las políticas fue la más audaz, teniendo en cuenta la histórica relación de fuerzas existente en el país. Ese comportamiento ha puesto en tensión la noción corto y largo plazo y, por lo tanto, el concepto de planificación como instrumento destinado a corregir y reorientar los cursos de acción que emergen de los mercados. En este ciclo político la discusión es si el largo plazo es una sucesión de medidas en continuado de corto que predeterminan ese objetivo en el tiempo lejano, o si se trata de una meta a la que se aspira y se disponen medidas para alcanzarlas. Pueden ser ambas a la vez, según el área involucrada, y no debería restringirse ese abordaje por considerar que la correcta es una u otra estrategia en forma excluyente.

La nueva correlación de fuerzas sociales y políticas que emergieron del contundente triunfo en las elecciones presidenciales abre las puertas para ingresar en un espacio poco frecuentado por el kirchnerismo: la planificación. Esta instancia se acerca como parte ineludible del actual proceso, puesto que se han generado las condiciones para tratarla luego de un ciclo largo de crecimiento, notorias mejoras sociales y productivas. Ahora con las manifestaciones de restricciones se requiere una intervención pública más compleja. Esto implica redefinir un esquema de política económica y social más afinado. Esa idea ha comenzado a expresarse en discursos oficiales y en la presentación de planes estratégicos sectoriales (industrial y agroalimentario).

Un aporte sustancial en ese sentido es el reciente documento del Cefid-AR Planificar el desarrollo. Apuntes para retomar el debate, de los investigadores Claudio Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi, con el asesoramiento de Enrique Arceo. Proponen avanzar en la planificación a partir de la oportunidad que plantea la crisis de legitimidad de la doctrina neoliberal a nivel mundial, “en sintonía con la configuración de un poder político que gana consenso democrático al plantear un Estado con crecientes grados de autonomía respecto de un conjunto de sectores tradicionalmente dominantes y, por tanto, capaz de asumir la conducción de la transformación necesaria para el desarrollo y bienestar social”. Advierten con precisión que el movimiento desde la noción de crecimiento económico hacia la de desarrollo, mucho más compleja y estructurada en múltiples dimensiones no sólo económicas sino también sociales, políticas y culturales, supone constatar la existencia de restricciones estructurales que impiden conjugar el sendero de crecimiento con objetivos distributivos, productivos y de sustentabilidad en el largo plazo.

Esa diferencia entre crecimiento y desa-rrollo es un punto de partida para que el actual debate adquiera una mayor densidad que los modales de un funcionario. Esos investigadores señalan que la aplicación de una política macroeconómica virtuosa en el marco de la estructura existente puede promover, como se ha verificado desde 2003, el incremento de la actividad, el empleo y la tasa de inversión, pero no permite por sí sola alterar los parámetros estructurales que definen las características de su desarrollo. Para alcanzar esa meta se necesita lo siguiente:

- La creación y/o desarrollo de actividades y cadenas de producción basadas en ventajas dinámicas y consideradas estratégicas para su posicionamiento en el mercado mundial.

- Cambios significativos en la distribución del ingreso para alcanzar estándares considerados deseables en términos sociales.

- Una sustitución de importaciones consistente con el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos.

- La integración de la producción con los sistemas de ciencia y tecnología afín con el desarrollo de actividades estratégicas y el incremento de la productividad sectorial y sistémica.

- El desarrollo de infraestructura necesaria para la expansión de la actividad productiva y la conformación de una estructura productiva más densa y compleja.

- La paulatina eliminación de los déficit en infraestructura social y las asimetrías regionales al interior del país.

- El cese de las transferencias de excedentes económicos desde eslabones atomizados hacia eslabones concentrados de las cadenas de producción y distribución.

- Una adecuada intervinculación comercial y productiva a nivel regional, teniendo en cuenta la necesidad de profundizar los mecanismos de cooperación y coordinación económica frente a un contexto globalizado de creciente volatilidad.

Casparrino, Briner y Rossi explican que “la ingeniería pública institucional que, subsumiendo la gestión macroeconómica, la política productiva y científico-tecnológica, y la regulación de las tensiones sociales asociadas, tuvo por finalidad resolver estos nudos problemáticos en los países que han transitado con relativo éxito el pasaje al desarrollo, ha estado históricamente asociada a la planificación”. Sin embargo, a diferencia de las experiencias de países asiáticos con una planificación exitosa en términos económico-productivos pero en un marco de fuertes restricciones políticas, en Argentina las condiciones imponen una estrecha vinculación entre planificación, desarrollo y democracia. Por eso en el documento se señala que la planificación y el desarrollo sólo parecen ser posibles en el marco de una amplia incorporación de los sectores populares en una alianza social que otorgue una independencia política al Estado para subordinar a un conjunto de sectores tradicionales, en el proceso de proyección y concreción de planes de de-sarrollo a favor de cambios estructurales y distribución del ingreso.

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