La Justicia federal de Mendoza dispuso la intervención de Cablevisión, empresa del Grupo Clarín. Así lo fijó el magistrado Walter Bento, a partir de una denuncia realizada por Eduardo Vila, en representación de Supercanal, la compañía de cable del Grupo Vila-Manzano. El magistrado señaló en su escrito que a partir de la fusión de Cablevisión y Multicanal, autorizada en 2007, la compañía ejerce “prácticas no competitivas” en las jurisdicciones donde tiene injerencia. Bento designó como interventor a Enrique Anzoise, quien tendrá por funciones impulsar la separación de ambas compañías (disolver la fusión) en un plazo de 60 días. Sin embargo, el funcionario judicial no pudo comenzar a ejercer sus funciones ya que fue agredido por empleados de la compañía. Desde el Grupo Clarín emitieron un comunicado en el cual relacionaron la medida con la situación conflictiva entre el multimedio y el Gobierno. Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo que esa interpretación era “un disparate”.

Como eje central del fallo, Bento hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los representantes del Grupo Vila-Manzano, por entender que las denuncias formuladas por los empresarios mendocinos “tenían verosimilitud”. “La concentración empresaria que se concreta en Cablevisión determina un modus operandi, que se muestra en principio como una consecuencia insoslayable en su conducta comercial, que no pareciera apegada al ordenamiento jurídico imperante en materia de competencia”, puede leerse en los fundamentos del fallo.

El magistrado tomó por válidas las denuncias de los empresarios mendocinos. Entre las “actividades anticompetitivas”, se enumeran “la cotización, en las plazas donde Cablevisión tiene competencia, de sobreprecios en sus señales de 1500 por ciento; el aumento unilateral de los costos de sus competidores al mismo tiempo en que se incrementan sus propios ingresos; la oferta con precios predatorios en las plazas en las que compite (es decir, baja el precio de sus abonos para ganar mercado); la manipulación de la grilla a favor de sus propias señales y la exclusión de señales de noticias que deberían incorporarse”.

Si bien Cablevisión no tiene operaciones en Mendoza, el amparo promovido por el Grupo Vila-Manzano tiene que ver con la pretensión de este conglomerado de medios de incrementar su participación de mercado en aquellas regiones dominadas por Cablevisión. Pero hay dos puntos incluidos en el fallo que tienen que ver con la plena aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La autoridad de aplicación (Afsca) había emitido el año pasado la resolución 296 por la cual procedía al ordenamiento de la grilla de cable. A partir de la negativa de Cablevisión a este ordenamiento, la empresa Soluciones Logísticas S.A. solicitó una medida cautelar que tuvo un fallo favorable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº2, para que la compañía del Grupo Clarín ordene la grilla en función de lo establecido por la autoridad de aplicación.

Frente a este escenario, Bento instruyó al interventor designado a que en un plazo de 60 días concrete la división de las redes de Cablevisión y las que correspondían a Multicanal; la separación de los abonados, como así también la contabilidad de ambas compañías y la separación del uso comercial de ambas marcas.

“La coadministración es un hecho por parte de la Justicia. Ahora, Cablevisión tendrá los derechos recursivos. Pero hoy la medida está firme y debe ejecutarse”, sostuvo Ricardo Mastronardi, abogado del interventor designado. Es decir, que a pesar de que supuestos empleados de Cablevisión no permitieron que el interventor ejerza sus funciones, la medida cautelar está vigente. “El corazón de la denuncia radica en la necesidad de evitar el ejercicio de la competencia desleal”, agregó Mastronardi.

La denuncia había recaído originalmente en la jueza Olga Pura de Arrabal, que tuvo que excusarse por haber emitido un fallo favorable al Grupo Clarín relacionado con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“La denuncia fue presentada por el Grupo Vila-Manzano, uno de los multimedios aliados al Gobierno, que está llevando adelante una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir la empresa. Este es un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno realiza a las empresas del Grupo Clarín”, manifestó la compañía a través de un comunicado. El próximo paso será la apelación por parte del multimedio.