Rodríguez Saá conversa con Juan Carlos Romero, el único senador que votó en contra de la ley de Tierras.
Imagen: Leandro Teysseire.

Fue la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.

“Nos vamos con la satisfacción de coincidir con todos los bloques políticos en la defensa de los intereses nacionales y sociales. Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido. Sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político ratificado en las urnas”, concluyó cerca de las 10 de la noche el senador oficialista Juan Manuel Irrazabal.

El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.

Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.

La senadora kirchnerista Graciela De la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura, expresó que el proyecto “es una clara respuesta que da la Presidencia en el marco de la situación global” y que “es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía”.

A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anticipó el apoyo en general de su bloque y marcó diferencias en unos pocos artículos. Morales advirtió que “de la concentración viene la cuestión de la extranjerización de la tierra” y recordó que en la Asamblea Legislativa de marzo fue un diputado radical (Pablo Orsolini, integrante de la Federación Agraria) el que le reclamó a los gritos a la presidenta Cristina Kirchner la necesidad de impulsar un proyecto que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las críticas, Morales cuestionó la falta de información nacional sobre la situación de extranjerización de la tierra, que varía entre el 3,5 y el 12 por ciento.

Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, tanto Rubén Giustiniani como Jaime Linares pidieron la palabra para reivindicar la iniciativa, pero reclamar “una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”. Sorpresivamente, el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann leyó un breve texto para fundamentar su voto a favor. Sostuvo que se trata de “un gran avance” y remarcó que no afecta las atribuciones de las provincias.

El peronista federal Juan Carlos Romero, el único en votar negativamente, sostuvo que “casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos”. “¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así”, preguntó. Su compañera de bloque y comprovinciana, Sonia Escudero, disintió con el ex gobernador, aunque le criticó al oficialismo el “apuro” en el tratamiento.

Con la aprobación de esta ley, el Senado clausuró anoche sus sesiones extraordinarias, que incluyeron la aprobación de unas catorce iniciativas. El presidente de la Cámara, Amado Boudou, concluyó deseándoles felices fiestas a los senadores. “Nos vemos muy pronto”, remató.