Un grupo de legisladores de distintos partidos de la oposición arremetió contra Mauricio Macri.
Imagen: Leandro Teysseire.

Legisladores porteños de la oposición y seis asociaciones de consumidores presentarán hoy en forma conjunta un pedido de amparo para frenar el aumento de la tarifa del subte, de 1,10 a 2,50 pesos, equivalente a un 127 por ciento. Los demandantes aseguran que la modificación debe hacerse previa audiencia pública y que es necesario informar qué obras de infraestructura se realizarán con los nuevos fondos. El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, admitió la falta de audiencia pública, pero se aferró a su argumento: “Como nosotros no tenemos partida presupuestaria para agregar a la otra mitad del subsidio de la Nación, teníamos que complementarlo con el ajuste de tarifas”. Daniel Chaín, titular de Desarrollo Urbano, agregó que la tarifa “dependerá de la inflación”. Los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTSyP) levantarán hoy molinetes durante tres horas a la mañana y otras tres a la tarde en algunas estaciones como medida de fuerza.

Rápidamente, la entidad Ciudadanos Libres presentó ayer en el Juzgado Nº 11 a cargo de Fernando Enrique Juan Lima la primera cautelar para frenar el incremento de la tarifa que decidió el gobierno de Mauricio Macri, utilizando argumentos similares a los esgrimidos por los legisladores, que brindaron una conferencia de prensa para repudiar la medida.

Dos días después de que se concretara el pasaje del subte de la órbita de la Nación a la Ciudad, el gobierno porteño decidió subir el precio del viaje desde 1,10 a 2,50 pesos, modificación que rige desde hoy. “Tomamos el subte hace 48 horas y lo primero que vimos fue un evidente retraso de la cuota respecto de la inflación”, justificó ayer Grindetti. Luego afinó el argumento desde el plano presupuestario: “Esto es lo que tenemos, no tenemos capacidad de generar dinero, la recaudación es la que es, y los costos son los que son, aunque resulte antipático”.

“Las tarifas están retrasadas, pero no puede ser que hace unos días el macrismo decía que no tenían hecho un estudio sobre el tema y ahora vienen con un aumento de este tamaño. Hay que convocar a una audiencia pública, como indica la Constitución de la Ciudad”, criticó Delia Bisutti, diputada porteña por Nuevo Encuentro. “El aumento es innecesario, injusto e ilegal. Macri no quiere poner un peso y encima hacerse de caja. Está mandando a la gente a congestionar el sistema de colectivos”, agregó Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), quien también admitió que considera necesario aumentar la tarifa, pero en forma paulatina, previa audiencia pública y explicitando el plan de obras.

“El 50 por ciento del subsidio que debería aportar el gobierno porteño, que equivale a 360 millones de pesos, representa apenas el 1,2 por ciento de los ingresos anuales de la Ciudad establecidos en el Presupuesto. El Ejecutivo nacional le otorgó al gobierno de Mauricio Macri un puente financiero suficiente para que se aplicaran correcciones a la tarifa de manera gradual y no lo que terminó siendo, que fue un tarifazo que afecta a casi un millón de personas a diario”, dijo Roberto Feletti, diputado nacional por el Frente para la Victoria. “Es el típico tarifazo de enero, Macri no quiere discutirlo en marzo, cuando se junte con la suba del ABL. Tienen que especificar qué obras nuevas harán con el dinero”, consideró Eduardo Epszteyn, auditor de la Ciudad por el kirchnerismo.

Más allá de la justificación del gobierno porteño para aplicar la suba de tarifas y la crítica opositora sobre la capacidad presupuestaria de la Ciudad, el punto conflictivo en términos formales es que Macri no convocó a una audiencia pública. Según explicó a este diario Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, esa omisión será el eje del amparo que se presentará hoy. La ley 210, de creación del Ente de Servicios Públicos de la Ciudad, indica que el acto administrativo sostén de un aumento de tarifas no se puede dictar sin previa convocatoria y realización de audiencia pública. A su vez, la ley 6, de audiencia pública, dice que si se dicta un acto administrativo que requiere audiencia pública previa y la misma no se realizó, el acto es nulo. “Esas dos normas serán, básicamente, el argumento central de la presentación que buscará obtener rápidamente una medida cautelar que frene el tarifazo”, señaló Boada.

“Cuando culmine la transferencia del contrato vamos a estar presentando todo, y se hará la audiencia pública para ver cómo se va a establecer de acá en adelante el valor del boleto”, dijo Grindetti. “La audiencia posterior no tiene sentido, tiene que ser previa”, le respondió Pedro Bussetti, de Deuco.

“Hace más de 10 años se había definido una escala de tarifas en función de inversiones, la inversiones ya se hicieron, pero la tarifa no se había actualizado por una decisión política”, agregó Grindetti. En efecto, la audiencia pública realizada en 1999 estableció la tarifa en 0,70 dólar, que equivalía a 0,70 peso, de ahí que el gobierno porteño dice que tendría la potestad de subir el pasaje hasta 2,50 pesos. “Utilizar esos resultados es absurdo, la Argentina cambió rotundamente después de la crisis de 2001”, criticó Héctor Polino, de Consumidores Libres, y recordó que para aumentar peajes y la tarifa de taxi, el macrismo sí hizo audiencias. La audiencia pública tiene un carácter no vinculante y debe ser convocada por el Ente de Servicios Públicos de la Ciudad, que controla el macrismo.

“Se tomó la decisión tan rápido porque los números están muy claros. Los sueldos de los trabajadores del subterráneo se duplicaron de 2 mil a 4600 pesos en promedio, mientras que la tarifa aumentó menos de la mitad: de 70 centavos a 1,10 pesos. Es insostenible”, señaló Chaín. En cambio, Claudia Neira, legisladora de Buenos Aires para Todos, indicó que “preocupa que terminen enfrentando a usuarios y trabajadores”.