De la mano del avance de la soja, la expansión de la frontera de la agricultura de las commodities desplazó a cultivos tradicionales y a la gente. Desde la creación del Ministerio de Agricultura y la elevación al rango de Secretaría al área de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, a fines de 2009, el gobierno de Cristina Kirchner intenta revertir ese proceso. “Este Gobierno le dio visibilidad a un sector que integran más de 250 mil agricultores familiares, dándole política a un sector que nunca la tuvo”, afirma Carla Campos Bilbao, titular del área. En esta entrevista repasa y analiza las formas de intervención del Estado en el sector, y delinea la estrategia para dar batalla contra la concentración y a favor de la integración territorial que libra esta “otra” agricultura.

–¿De qué forma se logra dar espacio a esa otra agricultura, la de las economías regionales y las pequeñas unidades de producción?

–Es una decisión de este Gobierno reconocer dos áreas específicas y diferenciadas. Por un lado las commodities, los granos y la carne que se producen en la Pampa Húmeda. La otra es el trabajo que se realiza desde esta secretaría, con una cantidad de actores mucho más importante, que es responsable principal en la provisión de alimentos. Desde que encaramos esta tarea, logramos darle visibilidad a un sector que integran 1200 organizaciones, más de 250 mil agricultores familiares, que representa el 25 por ciento de las explotaciones rurales en la Argentina, que ocupa el 65 por ciento del empleo rural y aporta el 30 por ciento del valor bruto de producción del país. Trabajamos, fundamentalmente, para acercar ese sector a la cadena de producción. Por ejemplo, dotándolo de equipamiento y tecnología. Está el caso de las máquinas de ordeñe mecánico para tambos de menos de 20 vacas. Se sistematiza la producción y se mejora la calidad del producto, reivindicando las condiciones del trabajo rural, no desplazándolo. Otro ejemplo es la instalación de silos para alimentación del ganado menor, caprinos y ovinos, que está siempre en manos de un capital familiar, desde la Puna hasta la Patagonia. Ya hay 62 silos de 40 toneladas instalados, de los cuales se retiran los alimentos para majadas de 200 o 250 cabras, asegurando su supervivencia todo el año. Son intervenciones puntuales que ayudan económicamente a hacer sustentable la actividad. Llevamos contabilizadas 2500 intervenciones en estos años, que han beneficiado directamente a 80 mil productores.

–Se suelen relacionar los problemas de la Pampa Húmeda con la discusión de la política económica, y los vinculados con la agricultura familiar como una cuestión de política social. ¿Cómo se llevan con ese tipo de dicotomía?

–Nuestro proyecto político propone seguir creciendo con equidad y justicia. Haber creado el ministerio y elevado al rango de Secretaría al área tiene que ver con esa concepción. Impulsamos un nuevo paradigma en lo que hace a la ruralidad. Trabajamos en tres ejes estratégicos, que tienen que estar presentes en cada intervención nuestra: generar más puestos de trabajo, buscar más producción de alimentos y ocupar el territorio, es decir, arraigar a la población en su lugar de origen. Con cada intervención buscamos el equilibrio territorial, frente al avance de la frontera agrícola de los cereales. El problema de la pobreza no está en las zonas rurales, el 90 por ciento de pobres y marginados está en las grandes ciudades, muchos de ellos desplazados de su lugar de origen. Este sector de la economía agropecuaria, esta “otra” agricultura es la que menos política ha tenido. Nuestro proyecto revirtió esa situación.

–¿Es posible que el pequeño agricultor se pueda desarrollar, creándole simplemente las condiciones para “entrar” al mercado? ¿Cómo hace para subsistir en medio de procesos de concentración que no sólo existen en esta actividad?

–Hasta cierto momento, la concentración condenaba al pequeño productor a una economía de subsistencia. Pero la creación del Ministerio de Agricultura fue el reconocimiento de la existencia de esas dos agriculturas. Aunque es fundamental que el Estado esté presente para integrar esas dos agriculturas. El mercado tiende a “sacar” al pequeño, porque lo absorbe, porque lo desplaza de los centros de acopio, por acceso a la tecnología y a los insumos. La integración de la pequeña agricultura es impensable sin la existencia de un Estado que garantice las condiciones políticas y, además, tenga un “norte” bien clarito. Después de eso, el desafío es ponerle desarrollo económico a ese territorio integrado.

–¿Cuál sería el motor de ese desarrollo económico? ¿El mercado mundial, como en el caso de las commodities?

–Desde el gobierno de Néstor Kirchner, a través de los acuerdos que firmó con Brasil estando Lula de presidente, se impulsaba potenciar a América latina como participante clave en la producción de alimentos. En la región hay casi 53 millones de personas con hambre, lo cual es inconcebible. Coincidimos con la definición de FAO: no hay escasez de alimentos, la dificultad está en el acceso a esos alimentos. El actual director de FAO, José Graziano, es quien diseñó el Plan Hambre Cero para Brasil. Coincidimos con él en que la pequeña agricultura es parte de la solución al hambre en el mundo. Y seguramente discutiremos cómo hacerlo en la próxima conferencia de la FAO en Buenos Aires, en marzo.

–¿Es posible imaginar un Plan Hambre Cero para la Argentina, donde cientos de miles de agricultores familiares aporten los alimentos y el Estado los adquiera, terminando con el flagelo del hambre y con la marginación del agricultor familiar al mismo tiempo?

–La República Argentina no tiene punto de comparación con los niveles de pobreza rural del resto de América latina, ni con Brasil en particular, donde fue necesario ese plan para dar respuesta a 4 millones de agricultores familiares con niveles de pobreza muy altos. La pobreza rural nuestra tiene que ver con situaciones históricas –poblaciones indígenas– y con problemas de baja productividad, que se van a resolver reestructurando las unidades económicas. Por eso, nuestras intervenciones en cada lugar tienen la característica de una “política a la carta”, cada territorio tiene su necesidad específica. En Formosa fue crear centros de acopio para la calabaza, para evitar que el productor tuviera que malvender a bajo precio por la urgencia. Con los productores de miel fue resolver cómo retener los tambores cuando se les cerró el mercado europeo, porque ya habían surgido oportunistas para comprar a precio de liquidación. Siempre buscamos integrar esta agricultura de pequeña escala a las cadenas de producción, pero trabajando más a nivel local, no proponiendo una solución estratégica nacional. El concepto de compra pública también lo aplicamos, pero lo desarrollamos en cada región. La idea no es aportar alimentos a los comedores comunitarios: la política de nuestro gobierno es un salario digno en cada hogar.