Producción: Javier Lewkowicz

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La renta aurífera

Por Arturo H. Trinelli *

En circunstancias de inestabilidad financiera y sobreendeudamiento en muchas naciones desarrolladas, algunos activos se han consolidado como grandes reservas de valor. El banco suizo USB prevé para el 2012 una cotización promedio de la onza de oro superior a los 2000 dólares. No es casualidad entonces que muchas empresas transnacionales desembolsen grandes inversiones en los países con reservas auríferas para intentar explotar este metal. Por ejemplo, Brasil acaba de conceder 1270 autorizaciones a empresas mineras para la búsqueda de oro. Se calcula que se destinarán 2400 millones de dólares a proyectos auríferos en los próximos cuatro años, lo que triplica el volumen de inversiones previstas. Al igual que ocurre en la Argentina, se trata de un sector dominado por el capital extranjero, con 2819 explotaciones actuales legales en actividad pero controladas por apenas un puñado de poderosas multinacionales.

Los países periféricos, en ese sentido, combinan dos circunstancias ampliamente favorables al capital transnacional: tienen probadas reservas del metal y al mismo tiempo una pobre regulación estatal sobre la propiedad, gestión y control de sus recursos. La Argentina les confiere estabilidad fiscal por treinta años, y con una legislación sin modificar desde los noventa, la única medida sobre el sector a favor de los intereses nacionales de los últimos tiempos fue obligar a las empresas a liquidar localmente sus divisas por exportaciones.

Pero la producción de oro viene creciendo año tras año en nuestro país. Y para algunas provincias desde hace tiempo ya constituye su principal actividad económica. En 2010 la minería aurífera representó un 76,8 por ciento de las exportaciones totales de San Juan, lo que ubica a la provincia como la mayor exportadora de Cuyo, desplazando a Mendoza. Y si tenemos en cuenta que gran parte de lo obtenido es capitalizado por las empresas transnacionales que explotan los yacimientos, la importancia de esos datos adquiere mayor relevancia aún.

Así es como la Argentina se debe un debate riguroso al respecto, superador del activismo antiminero que muchas veces circunscribe su crítica sólo a la contaminación que estos emprendimientos generan, acaso como si yacimientos de distintos minerales promovieran idéntico impacto ambiental, lo que ubica en segundo plano aspectos mucho más difíciles de rebatir para las transnacionales mineras, celosas siempre de publicar sus balances, como el replanteo acerca de los supuestos beneficios económicos de la actividad. Se impone, pues, ser precisos en la discusión: no es cierto que las transnacionales mineras no tributen, como algún sector de la izquierda pretende hacer creer. Lo hacen, pero muy por debajo de las utilidades que obtienen.

Una publicación reciente del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), ¿Minería para el desarrollo? La producción y apropiación de la renta del oro en la Argentina, revela que la renta extra que embolsan las cuatro firmas extranjeras que se reparten el negocio aurífero en el país –las canadienses Barrick y Yamana Gold, la sudafricana Anglogold Ashanti y la suiza Xstrata Cooper– se calcula en el 2011 un 43 por ciento superior a la obtenida el año anterior. Este incremento tiene que ver no solamente con un aumento sostenido de la cotización internacional del oro sino también con el de las toneladas producidas. El informe estima que, contrariamente a lo que suele presentarse como grandes virtudes del sector, el fisco nacional y provincial en conjunto pasó de recaudar un 34 por ciento de la renta aurífera en el 2008 a un 24 por ciento en el 2010.

Dejando entonces de lado el interrogante más profundo sobre cuál es la utilidad social del oro, el tema amerita debatir en al menos dos sentidos. En primer lugar, considerando la enorme rentabilidad que reporta, proyectar un aumento de la participación estatal en la captación de la renta aurífera. Por otro lado, analizar más detenidamente la presunta prosperidad económica que este tipo de actividad genera, donde sin dejar de exigir el cuidado por el medioambiente, se plantee en lo inmediato por qué yacimientos tan rentables y consolidados desde hace años, como los de San Juan, según el Indec apenas ocupan al 8 por ciento de la población económicamente activa entre empleos directos e indirectos, además de una reconsideración sobre qué será de esas regiones cuando sus reservas auríferas se agoten.

Si lo que se impone, en cambio, es discutir el modelo de desarrollo que configuran estos emprendimientos, dotando a los países abocados a la especialización del oro como economías de enclave sin encadenamientos al interior del aparato productivo, es fundamental restituir la soberanía nacional sobre los recursos propios, para aprovechar su expansión a favor de un desarrollo industrial genuino que deje definitivamente en el pasado el rol tradicional del país como productor de materias primas.

* Clicet-La graN maKro.

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Conciencia ambiental

Por Nicolás Gutman *

El 9 de enero, el secretario del Interior de los Estados Unidos, Ken Salazar, anunció la decisión de la administración de Obama de prohibir por un período de 20 años proyectos de minería de roca dura en un área mayor a 400 mil hectáreas adyacente al Gran Cañón del Colorado. Esto es resultado de una fuerte disputa entre los ciudadanos y la industria, que está respaldada por un muy poderoso lobby en Washington y las capitales estatales. El congresista demócrata por Massachusetts Edward Markey argumentó ante el Congreso norteamericano que la minera angloaustraliana Rio Tinto tiene una compleja historia de confrontación con sus empleados y gremios en todo el mundo. La minera está acusada ante el Noveno Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y discriminación racial. El congresista Alcee Hastings, de Florida, declaró que “estas compañías extranjeras venden el cobre en el mercado internacional al mejor postor, dejando poco y nada al país”, no habiendo “nada que evite que Rio Tinto traiga trabajadores desde su base en Australia y de la masa laboral flotante de la industria” en condiciones indignas. La Asociación de Mineros Retirados de Arizona, en un comunicado público, afirmó que “estas compañías extranjeras van al banco riéndose, mientras que los norteamericanos se quedan con un legado de degradación ambiental y promesas vacías”.

La zona protegida por la moratoria fue liberada a la explotación minera y petrolera durante el gobierno de George W. Bush, junto a áreas protegidas en Alaska y otras regiones de ecosistemas únicos y amenazados. El dato llamativo es que alrededor del mundo cientos de proyectos mineros se llevan a cabo en zonas protegidas, parques naturales, parques nacionales y áreas declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco y otros organismos supranacionales. El republicano John McCain, que perdió en las elecciones presidenciales frente a Obama, amigo personal de George W. Bush, se mostró indignado por la prohibición, argumentando que sería “un golpe devastador contra la creación de empleo en el norte de Arizona, y le quita al país una fuente critica de energía”. La zona del Gran Cañón contendría el 40 por ciento de las reservas de uranio del país. ¿Cuánto es el catastrófico impacto económico anunciado por McCain? De acuerdo con la Oficina Federal de Manejo de Tierras, la prohibición reduciría la producción de uranio en un 6 por ciento, los impuestos locales, estatales y federales perderían 16,6 millones de dólares anuales, y no se materializarían 465 empleos.

Lo que está sucediendo es la ampliación de zonas restringidas a la minería a gran escala en Estados Unidos; en un intenso debate que hoy es muy revelador para entender la situación en Argentina. En primer lugar, quienes defienden los intereses específicos y concentrados de la industria minera son el ala más dura del Partido Republicano, con el discurso de progreso, creación de empleo, aporte a las arcas fiscales y derrame; que es una copia del discurso y las políticas Banco Mundialistas y neoliberales que tanto sufrimiento le han costado al país, y que regresan disfrazadas de promesas de empleo y desarrollo.

Sumado a esto, el Congreso norteamericano tiene muy en claro a quienes deja explorar y explotar yacimientos; y a pesar de la retórica de libre mercado, las compañías chinas y hasta las australianas tienen cada vez más dificultad para acceder al subsuelo norteamericano.

Finalmente, la presión de los ciudadanos estadounidenses por vivir sin contaminación y conservar sus recursos hídricos es la contracara de la presión provincial-empresaria que resurge de este lado del continente; en otras palabras, la conciencia ambiental del norte y su mejora en la calidad de vida tiene que ser equilibrada con el opuesto en otro lugar del planeta. A muchos economistas ortodoxos que están trabajando en el entramado del lobby minero local, les va a ser difícil negar esta correlación sin negar los principios de la tendencia al equilibrio automático de los mercados.

* Economista del Centro Cultural de la Cooperación.