La Administración Nacional de la Seguridad Social, a través del área de Control de Mutuales, puso en marcha un proceso de supervisión a partir de la recepción de denuncias por parte de jubilados y pensionados por descuentos indebidos por créditos recibidos de parte de mutuales y cooperativas. Esta decisión se enmarca dentro del decreto 246/11 publicado a fines de 2011, que estableció un tope a la tasa en los créditos a jubilados y pensionados, de parte de mutuales, sindicatos, bancos, entre otros.

El decreto habilitó también la posibilidad de utilizar hasta un 20 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para dar préstamos a jubilados y pensionados. Desde la implementación del mencionado decreto, la Anses llevó a cabo una estrategia de controles para asegurar el ajuste a la norma en todo el circuito de otorgamiento de créditos que realizan algunas entidades, a través del sistema de descuento en los recibos de haberes.

En la primera etapa de controles, para verificar el cumplimiento de la tasa de interés en los préstamos a jubilados, se encontró que de 148 entidades inspeccionadas, 21 no habían acatado la medida y seguían cobrando intereses exorbitantes. El organismo del Estado anuló las operaciones e impuso sanciones a los prestamistas debido a que, tras la nueva normativa, la tasa máxima que pueden aplicar es cinco puntos mayor a la que cobra el Banco Nación por créditos similares. El costo financiero total que venían aplicando mutuales y demás entidades promediaba 70 por ciento, según denunció el Gobierno.

Luego de la sanción del decreto que limitó la tasa de interés, más de 7300 jubilados y pensionados solicitaron préstamos personales con códigos de descuento, mientras que cerca de ocho mil personas se afiliaron a mutuales, cooperativas o sindicatos, y alrededor de 40 mil accedieron a servicios de seguro de vida.