ECONOMíA › A LA ESPERA DE LA JUSTICIA
› Por Raúl Dellatorre
Entre diversas manifestaciones de sectores cercanos al Gobierno y otros de la oposición reclamando la rescisión del contrato de concesión con TBA, desde el Ministerio de Planificación se insiste en que no habrá ninguna acción hasta que la Justicia se pronuncie sobre las responsabilidad en la tragedia de la Estación Once, una vez conocidos los resultados de la investigación. La alternativa de una intervención, afirman cerca del ministro Julio De Vido, no está por ahora en consideración. El ex diputado socialista Héctor Polino, al frente de la organización Consumidores Libres, sumó su voz ayer a quienes condenaron la actuación de TBA y reclamó “la inmediata rescisión del contrato de concesión”. Por otro lado, se suman elementos y evaluaciones técnicas que inculpan a la concesionaria y van desmantelando la coartada de la “falla humana”.
Un informe que circula en ámbitos públicos y en otros espacios próximos políticamente al Gobierno, firmado por un reconocido especialista en tecnología, en base a una lectura minuciosa de dictámenes de la Auditoría General de la Nación, señala las falencias con las que habitualmente circulan los trenes de pasajeros en materia de equipamiento de frenos. “¿Puede fallar un sistema de frenos?”, interroga el informe. “La respuesta es No, no puede fallar, son sistemas con seguridad incorporada. Si algo falla en un sistema de frenos ferroviarios, el sistema se bloquea y detiene el tren.”
¿Cómo funciona ese sistema? El especialista lo explica. “Debe haber un compresor en cada coche de pasajeros. Los compresores llenan de aire comprimido un tanque de acumulación que está abajo de cada coche. Todos los coches están interconectados neumáticamente. O sea, el sistema asegura buena presión, así fallen uno o dos compresores.” Pero según fuentes sindicales, una formación de ocho coches salía con sólo tres a cinco compresores funcionando. “¿Pueden haber mandado al servicio formaciones que no estaban en condiciones?”, se pregunta el informe. La investigación judicial es ahora la encargada de responder la pregunta.
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