A fines de febrero el juez federal de Nueva York dispuso que el Estado argentino debía tratar al fondo buitre NML de Elliot Management al igual que el resto de los acreedores que ingresaron al canje. La medida implicaría que, en cada vencimiento de intereses o capital de los títulos públicos otorgados en el proceso de reestructuración de deuda, el país debía pagarle intereses también a ese fondo buitre. La medida fue apelada y está suspendida hasta que decida la Cámara de Apelaciones de Nueva York, “Los pagos de la deuda externa que hace Argentina van a seguir realizándose de forma absolutamente normal. No existen obstáculos legales para efectuar esos pagos”, aseguró Lorenzino. El funcionario se mostró confiado en que la Justicia rechazará la visión de Griesa.

El fallo de Griesa apunta a equiparar la situación de los bonistas que aceptaron las condiciones en alguna de las propuestas de reestructuración que realizó el país y “aquellos que compraron los títulos en default a un precio muy bajo con el objetivo de especular y obtener una rentabilidad extraordinaria”, explicó el funcionario. “Se trata de una pelea entre acreedores. Argentina nunca haría un pago a los fondos buitre. La medida busca perjudicar a los que participaron del canje con las condiciones planteadas por el país”, sostuvo Lorenzino.

Para el funcionario, el reclamo del fondo buitre y la decisión del juez norteamericano apuntan a “confundir y hacer ruido respecto a las posibilidades de pago de Argentina. El próximo 31 de marzo el Estado debe hacer frente al vencimiento de intereses del bono Par denominado en dólares: “Ese vencimiento no tiene obstáculo de este fallo para realizarse. Los bonistas van a recibir su pago sin ningún tipo de problema”, explicó Lorenzino.

En la medida cautelar que firmó el 23 de febrero, el juez Griesa aceptó el planteo del fondo buitre donde reclamaba la extensión a sus títulos de una cláusula contenida en la emisión de los propios bonos que obliga al país a tratar igualitariamente a todos sus tenedores de deuda. El ministro Lorenzino se mostró sorprendido por el criterio utilizado por Griesa, ya que “tan sólo dos meses atrás, en un caso similar, Griesa tomó exactamente la decisión contraria”, recordó.

“La decisión posee una argumentación jurídica muy pobre que habla más del poder de lobby de los fondos buitre que de cualquier otro aspecto. Como tiene tan poco fundamento jurídico confiamos en que será rechazado en la apelación”, argumentó el titular del Palacio de Hacienda. En ese sentido, Lorenzino recordó que el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos ya respaldaron legalmente la posición argentina durante la apelación de otro planteo legal similar hace dos años.