La decisión del Gobierno de aumentar de 150 a 200 pesos la suma otorgada por decreto a los trabajadores privados despertó numerosas críticas y muy pocas adhesiones, pese a su indisimulada intención de generar simpatías en plena campaña política. Daniel Funes de Rioja, titular del Departamento Laboral de la UIA, salió a agitar fantasmas anunciando que la medida “puede tener un efecto inflacionario”. En tanto, Hugo Moyano, dirigente gremial alineado con la candidatura de Rodríguez Saá, indicó que el aumento otorgado “es bueno, pero desde el principio nosotros dijimos que tiene que ser incorporado al salario básico”.
El abogado laboralista Héctor Recalde, del mismo sector que Moyano, tomó distancia de la suba de la suma fija sosteniendo que “no es un aumento salarial sino apenas una recomposición del poder adquisitivo perdido” y aseguró que esta medida tiene “carácter remunerativo”, aunque el decreto diga lo contrario. Según Recalde, “ya lo expresó la Organización Internacional del Trabajo, cuando precisó que cualquier suma agregada al sueldo, sean bonos o inclusive los ticket canasta, es remunerativa”, por lo cual aseguró que “cualquier trabajador tendrá derecho a reclamar en juicio esta suma en caso de que se la quiten”.
Funes de Rioja calificó la resolución del aumento remunerativo como “unilateral e inoportuna” y sostuvo que “no atiende a la posibilidad o no de afrontarlo por parte de las empresas”. Manuel García, representante de los expendedores de combustibles independientes, se quejó por la medida e indicó que “en el caso de los playeros, el aumento de 200 pesos representa el 50 por ciento del sueldo, que en diciembre de 2001 estaba fijado por convenio en 405 pesos”. “La medida –explicó– es inoportuna y no podemos afrontarla; con ventas en baja, si se paga el aumento muchas estaciones de servicio directamente tendrían que cerrar”, señaló el dirigente de los dueños de estaciones de servicio.