La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central logró dictamen y será tratada por la Cámara baja la próxima semana. A partir del debate entre los legisladores se incluyeron una serie de modificaciones al proyecto original, como el agregado de un cuarto objetivo para el organismo. El control de la inflación estará acompañado por la estabilidad financiera, el desarrollo económico con equidad y el empleo. Este último punto había sido reclamado por todo el espectro político. Junto con el proyecto del Gobierno, se presentaron tres dictámenes de minoría de la UCR, Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) y el Movimiento Popular Fueguino, otro de Claudio Lozano (Unidad Popular) con el socialismo y el GEN, y un tercero del PRO. La iniciativa, impulsada por el Frente para la Victoria, agregó una modificación que hizo ruido en el Congreso y entre economistas ortodoxos: se amplió en 45 mil millones de pesos la capacidad del organismo para financiar al Gobierno. Este punto fue cuestionado por diputados opositores en duros términos.

Desde 1992, el objetivo del Banco Central está restringido al control de la inflación. Las modificaciones propuestas por el Gobierno amplían el mandato para contemplar, junto con la estabilidad monetaria, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera. El reclamo de propios y ajenos llevó a incluir en el dictamen la facultad de promover el empleo.

En el BCRA consideraban que la necesidad de proteger a los trabajadores estaba contemplada en la fórmula “desarrollo económico con equidad social”. Pero como reconoció la propia Marcó del Pont, “existen procesos de desarrollo donde hay problemas de desocupación, como Estados Unidos y Europa”. Con distintas definiciones y orientaciones, el objetivo del empleo está presente en los proyectos alternativos que presentaron Lozano, Prat Gay y el PRO.

La iniciativa de CFK faculta a la autoridad monetaria a regular y orientar el crédito para promover la inversión productiva de largo plazo. Para eso, habilita al organismo para regular las condiciones de los préstamos en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos. En sintonía con la propuesta a la reforma de la Ley de Entidades Financieras del diputado Carlos Heller, el dictamen incluyó la necesidad de “establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales”. Al mismo tiempo, se agregó la facultad para regular el crédito en términos de “riesgo”. Los agregados fortalecen la capacidad del organismo para intervenir en materia de abusos en las tasas de interés que pagan los consumidores y para mejorar las condiciones de acceso al crédito de las empresas.

Otra incorporación, compartida por la mayoría de los legisladores, es la especificación en la Carta Orgánica de la obligación de publicar y difundir estadísticas monetarias, crediticias y cambiarias. Ese requerimiento figura en la actual Carta Orgánica y había sido removido en el proyecto de reforma. Según explicó Marcó del Pont, el BCRA no pretendía dejar de publicar esa información sino que se trató de una adecuación formal. Por el contrario, la ampliación del mandato obligaría a la difusión de una mayor cantidad de estadísticas vinculadas a los nuevos objetivos. Frente al acuerdo generalizado, la formulación que especifica esa obligación del Banco Central continuará en el texto.

Adelantos transitorios

Pero lo que más polémica causó fue la modificación del artículo que pone topes al financiamiento al Tesoro por parte del Banco Central. Esos límites podrán ser modificados bajo circunstancias excepcionales, por un plazo de 18 meses. En términos técnicos, lo que se cambió fueron los “adelantos transitorio” del BCRA al Gobierno. La autoridad monetaria puede otorgar pesos por dos vías. La primera permite transferir hasta una cantidad equivalente al 12 por ciento de la base monetaria –billetes y depósitos en la economía– para destinarlos al pago de distintos gastos corrientes como salarios del sector público. La otra posibilidad habilita la transferencia de una suma de hasta el 10 por ciento de la recaudación de los últimos doce meses que puede ser destinada al pago de deuda con organismos multilaterales de crédito y obligaciones en moneda extranjera. Con esos parámetros, el BCRA podría transferir hasta 17 mil millones de pesos al Tesoro en 2012, según estimaciones del sector privado.

El dictamen de mayoría que será tratado en la Cámara de Diputados cambia las condiciones para el destino de los adelantos transitorios. Así, el BCRA podrá transferir hasta el 12 por ciento de la base monetaria y hasta el 10 por ciento de la recaudación para que el Tesoro lo destine al objetivo que considere pertinente. Además, la reforma habilita que el límite del 10 por ciento de la recaudación aumente hasta 20 por ciento en “situaciones excepcionales” por un plazo máximo de 18 meses. Así, el Banco Central podría transferir hoy 63 mil millones de pesos, es decir unos 45 mil millones de pesos adicionales al nivel actual, siempre según cálculos preliminares. La cifra puede ser mayor o menor dependiendo de la evolución de la actividad económica.

Esa suma adicional representa alrededor del 10 por ciento del gasto total presupuestado para 2012. Posiblemente, cuando se realice el debate en la Cámara baja se precisará en el articulado qué significa una “situación excepcional”.

Al finalizar su detallada presentación de anteayer en el Congreso, Marcó del Pont había señalado un conjunto de “aspectos importantes que se mantienen inalterados”. Uno de ellos era la preservación de “los límites vigentes respecto del financiamiento al Tesoro mediante adelantos transitorios”. Sin embargo, en el Banco Central consideraron que los cambios introducidos son apropiados ya que permiten contar con mayor holgura para hacer frente a un momento de desaceleración económica. En el BCRA argumentan que el funcionamiento de los adelantos transitorios está concebido con una orientación procíclica: a mayor recaudación, más elevado es el monto que puede transferir el organismo al Tesoro, y cuando cae el nivel de actividad se achican las posibilidades. En el equipo económico, donde existió un debate interno sobre la necesidad de impulsar esas innovaciones, explican que los cambios no están pensados en un sentido coyuntural, sino para prever cualquier eventualidad.