Que 50 pesos basten –o se crea que bastan– para inclinar el voto de los trabajadores en favor del candidato duhaldista ilustra hasta qué extremo se achicó la economía, y en particular la economía popular. Pero el nuevo aumento salarial no remunerativo decretado por el Gobierno también tendrá algún efecto económico –probablemente poco perceptible– en la demanda de consumo que, en realidad, como apunta Ernesto Kritz, se redujo mucho menos (la mitad) que los ingresos conjuntos de los trabajadores, gracias, presumiblemente, al desahorro de las familias.
Ningún empresario niega que es indispensable una sensible recomposición del salario real para que pueda reconstruirse el mercado interno. Pero siempre es mejor que sean los demás empresarios los que paguen mejores sueldos. Por lo que, a falta de suficiente presión gremial, dificultada por el desempleo, el mercado laboral no da por sí mismo respuesta a la necesidad social de una mejor retribución del trabajo.
Se llega así al aumento por decreto, resuelto tras el imposible acuerdo entre patronales y sindicatos en la negociación que se escenificó en el Ministerio de Trabajo. Ese incremento nominal, igual para todos, sorprende a un sector empresario enfrentado a situaciones muy heterogéneas por la conmoción de precios relativos que siguió a la devaluación. Y aunque, ahora más que nunca, serían recomendables discusiones sectoriales, a nadie se le ocurrió plantear la apertura de paritarias, como señala Javier Lindenboim. “Ni los sindicalistas gordos ni los no gordos lo exigieron”, acota.
Ocurre sin embargo que el mercado laboral argentino tiene amplias regiones impenetrables para el poder gubernamental, como sucede en Colombia y otros países convulsos. Lo cual significa que sólo los trabajadores blanqueados tienen una buena probabilidad de cobrar la mejora, aunque diste de la certeza. Esto plantea una asimetría peligrosa, en la medida en que las empresas que negrean su nómina salarial compitan con otras más transparentes en los mismos mercados.
El sector público, que no compite con nadie (un privatista dirá que no podría), se autoexcluyó como empleador de pagar el aumento, dando pábulo así a una mayor conflictividad laboral, en detrimento de sus ya malos servicios. Kritz destaca que el desempleo en el Estado no llega al 5 por ciento (computando los desocupados originarios de ese sector), por lo que no funciona como un disuasor tan eficaz de las protestas. Más manifestaciones y calles cortadas son de esperar.