Producción: Tomás Lukin

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Modelos a seguir

Por Diego Mansilla *

El proyecto oficial de retomar la mayoría accionaria de YPF SA permite poner el foco en un tema olvidado por mucho tiempo en nuestro país: la estructura energética. Durante la discusión del proyecto oficial se plantearon diversas formas de organizar nuestra energía. Es necesario conocer algunos de esos modelos para comprender qué puntos son posibles de replicar en el país.

Uno de los más mencionados fue el “modelo Petrobras” como un ejemplo a seguir, aunque con significados bastante distintos. La petrolera brasileña se convirtió, dependiendo el interlocutor, en un paraíso del liberalismo gracias a la apertura al capital extranjero o un ejemplo de intervención estatal eficiente.

La estructura energética brasileña es diametralmente distinta a la argentina. Para comenzar, el control del Estado brasileño sobre Petróleo Brasileiro SA es mucho mayor que en el caso argentino. Si bien el gobierno federal apenas cuenta con el 28,7 por ciento del total de las acciones de la empresa, controla el 50,2 por ciento de las acciones con derecho a voto. A lo cual deben sumarse las acciones del Bndes, el Fondo Soberano y varios fondos sociales y previsionales, por lo que el control federal llega al 65,4 por ciento. El resto de las acciones cotizan en las Bolsas del mundo y es una empresa conocida por su eficiencia, profesionalismo y transparencia (algo que no pueden decir grandes petroleras como Shell, Enron o Repsol, que reconocieron haber falseado sus reservas).

Además, mientras que YPF controla el 30 por ciento de la extracción en el país, Petrobras mantiene el control casi monopólico de los hidrocarburos en Brasil (tanto la extracción como la refinación). No obstante, es importante la participación del capital privado extranjero en la extracción de hidrocarburos. Esto es así ya que en muchas concesiones las petroleras privadas son socias minoritarias de Petrobras (que también es el operador).

Un punto que puede ser tomado como referencia del comportamiento de Petrobras en Brasil es su fuerte compromiso inversor. Por ejemplo, el año pasado perforó 123 pozos exploratorios con una inversión de 5300 millones de dólares. Muy lejos quedan los YPF y sus 17 pozos del 2011 y 8 del 2010. Acompañando la inversión en perforación, Petrobras invierte millones en el desarrollo de ciencia y tecnología propia, al punto de ser la petrolera con mayor inversión en I+D, lo que le permitió ser líder mundial en la perforación en aguas profundas. La YPF estatal mantenía este ideal en su centro de investigación en Florencio Varela y debe ser retomado. En cuanto a los precios de los combustibles en el mercado, Petrobras aclara públicamente que no se ajustan a los mercados internacionales, contra lo que se suele aclamar, sino que son manejados como una herramienta de política energética estatal.

Todo esto cuando los hidrocarburos apenas representan el 48 por ciento de la matriz energética, debido al uso de combustibles de caña y el gran peso de la generación de electricidad hidráulica. En ambos casos, producto de una fuerte intervención estatal mediante regulaciones y empresas públicas (como Electrobras, encargada de las centrales hidroeléctricas, el transporte y distribución de electricidad). En nuestro país, donde los hidrocarburos son casi el 90 por ciento de la matriz, el control estatal se hace aún más necesario.

Si miramos para Europa, los modelos energéticos son diversos. Noruega, por ejemplo, es el único país de Europa occidental que es un importante exportador de petróleo. Pero su matriz no depende de los hidrocarburos sino que es fundamentalmente hidroeléctrica (64 por ciento), siendo el país con más uso de esta energía del mundo. El petróleo esta manejado por la empresa estatal Statoil, que abona entre el 85 por ciento y el 63 por ciento de sus ventas en impuestos. Con los fondos, el Estado noruego creó un Fondo Soberano de Inversión, para financiar las jubilaciones y pensiones. De esta forma, se garantiza la redistribución de la renta petrolera entre sus habitantes.

Francia, por su parte, tiene una estructura energética basada en la energía nuclear que es complementada con la importación de hidrocarburos (del Norte de Africa, Noruega y Rusia). El mercado francés de electricidad y gas es dominado por las empresas EDF y GDF Suez, ambas con capital privado pero dominadas por el Estado. En hidrocarburos, la principal empresa es Total, donde el Estado francés tiene una participación minoritaria. Pero el control del mercado de combustibles se obtiene mediante regulaciones e impuestos. Así, el 64 por ciento del precio al público de los combustibles son impuestos.

Se observa que el control estatal de todo el sector energético (y no sólo los hidrocarburos) se repite por todo el mundo. Si bien cada estructura es diferente, es necesario tomarlas en cuenta para diagramar un nuevo modelo energético, donde el Estado argentino retome el rol central que perdió en los noventa. El control del 51 por ciento de la principal petrolera del país debe entenderse como un primer paso. Una herramienta en la redefinición del modelo energético nacional.

* Economista - Especialista en Energía.

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Los trabajadores deben intervenir

Por Eduardo Lucita *

La reapropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF es un avance, obligado por la fuerte caída de la producción hidrocarburífera y su contrapartida, la importación de energía que pegó un salto explosivo en los últimos años. Se trata de un punto de partida que debe ser apoyado y bregar para que se supere. YPF explica en promedio sólo un tercio de la producción hidrocarburífera, mientras que los otros dos tercios, que también perdieron producción, continuarán la explotación bajo la forma de las concesiones actuales. Este avance resulta así insuficiente porque alcanza sólo a una porción de YPF.

De alguna forma se intenta seguir el modelo Petrobras, sociedad anónima mixta con gerenciamiento tipo privado. Sin embargo, Argentina no es Brasil. Para desarrollar la industria, que de eso se trata, necesita un esquema energético a precios subsidiados y diferenciados por sectores de la economía. En otros términos, energía a bajo costo para mejorar los niveles de productividad de los sectores no competitivos.

Cuando tanto se alaba al modelo Petrobras conviene recordar el papel subimperial que jugó cuando el presidente Evo Morales enviara el ejército a los campos petroleros para garantizar y custodiar su nacionalización. Cuando el descubrimiento de yacimientos en el lecho submarino profundo, capa pre-sal, el entonces presidente Lula da Silva planteó destinar parte de esa nueva renta petrolera a crear un fondo social para financiar entre otros su estratégico programa Hambre Cero, Petrobras se negó terminantemente a ceder recursos, a lo que Lula respondió proponiendo crear otra empresa petrolera estatal ciento por ciento que administraría todas las actividades del pre-sal. Es un antecedente no despreciable.

El proyecto presentado nada dice de los decretos desreguladores vigentes desde los ’90, ni de los contratos de concesión por fuera de YPF, menos aún del concepto de libre disponibilidad del crudo que da plena libertad a los concesionarios, lo que aparece como contradictorio con el objetivo general enunciado: “...lograr el autoabastecimiento y también generar saldos exportables”.

La decisión del Gobierno, según algunos sondeos, cuenta con un enorme apoyo popular y ha despertado grandes expectativas. No defraudarlas requiere avanzar sobre la reapropiación parcial de YPF dando de baja la normativa desreguladora del sector, auditando integralmente todas las concesiones y las reservas, terminando con el principio neoliberal de “libre disponibilidad” y avanzar hacia una empresa ciento por ciento estatal. Pasos necesarios para consolidar el avance logrado que deben inscribirse en un plan energético nacional de larga duración en el marco de los esfuerzos por alcanzar una integración energética regional.

El hecho tiene una dimensión política simbólica que supera el propio acto expropiatorio. Implica la recuperación de la iniciativa política por parte del Gobierno y también que la situación pareciera contener un nuevo giro en la política gubernamental.

La declamada “profundización del modelo” fue oportunamente reemplazada por la “sintonía fina”, que parece ahora haber quedado relegada (congelamiento de la quita de subsidios y su correlato en las tarifas, levantamiento del techo a las paritarias, al menos en el sector privado, nuevo impulso al crédito subsidiado). Este cambio ha sido coronado por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y ahora con la estatización parcial de YPF. Todo rodeado de fuertes definiciones en torno de la defensa del mercado interno, del sostenimiento de la demanda y de la defensa del salario y el empleo frente a la crisis mundial.

¿Todas estas medidas y definiciones implican un nuevo giro en la política gubernamental? La intervención del viceministro de Economía en su vehemente presentación en el Senado pareciera indicar que están más emparentadas con la etapa que se abriera con la captura de renta agraria y la estatización de las AFJP que con la sintonía fina.

Si así fuera, ¿cómo definir la etapa que ahora se abre? Es temprano todavía, probablemente termine resultando una mixtura de las dos anteriores. Esto parece estar implícito en el propio discurso presidencial: “Ya nadie piensa en un Estado empresario; tampoco ya, luego de lo que pasó en 2008, nadie puede pensar en un mercado que se autorregula sin la intervención del Estado” (Conferencia de la UIA - noviembre 2010).

Es en esta relación contradictoria, entre una realidad –local e internacional– que empuja cada vez más a una intervención decidida del Estado y un discurso oficial que encorseta esta intervención en sus costados reguladores, que los trabajadores y el movimiento popular deben intervenir. Porque no han de ser indiferentes a cómo se resuelva esta contradicción, que encierra el debate sobre el rol del Estado y la Cuestión Nacional, tan desdibujada en estos tiempos de mundialización del capital.

* Integrante del colectivo EDI - Economistas de Izquierda.