Desde La Paz

Como hizo costumbre en los últimos años, el presidente Evo Morales aprovechó el 1º de mayo para anunciar la “nacionalización” de una empresa de servicios públicos. Otra vez le tocó a una transnacional de España, la transportadora de energía eléctrica REE, que deberá abandonar sus negocios en Bolivia a cambio de la correspondiente compensación. El argumento central para tomar esa decisión fue el escaso nivel de inversiones concretado por la compañía, de sólo cinco millones de dólares al año durante 16 años. El gobierno de Mariano Rajoy tuvo una respuesta menos indignada que en el caso de YPF, aunque reclamó una ley de protección para inversiones extranjeras en el país.

“Hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos”, dijo Morales en el Palacio Quemado, durante un acto por el Día Internacional del Trabajador que reunió a funcionarios, militares y representantes de organizaciones sociales aliadas al presidente. La decisión de Morales no alteró tanto al gobierno de España como el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de hace dos semanas, cuando dispuso la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF en manos de Repsol. Para Rajoy, jefe de Gobierno español, el caso boliviano es “muy diferente” y exigió –un poco disgustado– la aprobación inmediata de una ley sobre inversiones extranjeras en este país.

“Para aclarar ante la opinión pública nacional e internacional: estamos nacionalizando una empresa que antes era nuestra”, dijo Morales en La Paz. La Transportadora de Electricidad (TDE), privatizada en 1997, atiende al 85 por ciento del mercado nacional y posee el 73 por ciento de las líneas de transmisión en Bolivia. En 2002 pasó a manos del grupo Red Eléctrica de España (REE), que controlaba hasta ayer el 99,94 por ciento de su capital. El 0,06 por ciento restante está en manos de los trabajadores de la empresa, cuya continuidad laboral fue asegurada en el decreto de expropiación. Se calcula que la TDE cuesta unos 24,5 millones de euros.

La empresa nacionalizada administra dos mil kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y 22 subestaciones en Bolivia.

En 1997, la española Unión Fenosa compró sus acciones por 39,9 millones de dólares. En 2002, esta empresa vendió las acciones por 74 millones de dólares a REE. “Esta empresa internacional española en 16 años apenas invirtió 81 millones dólares, una inversión promedio de cinco millones año”, dijo Morales para justificar la expropiación.

“Nosotros invertimos 220 millones de dólares en generación y otros se aprovechan. Por eso, hermanos y hermanas, hemos decidido nacionalizar la transportadora de electricidad”, dijo el presidente y mandó a las fuerzas armadas a custodiar la sede de la empresa en la ciudad de Cochabamba y sus 22 subestaciones en el país.

“El gobierno de Bolivia puede adoptar una decisión de esta naturaleza dentro del ejercicio de la soberanía. Pero manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera”, dijo el embajador de España en Bolivia, Ramón Santos. El gobierno español no “concedió” siquiera eso a la Argentina cuando dispuso la expropiación de YPF, pese a que esa posibilidad figura en la Constitución y es igualmente un ejercicio de soberanía.

“Una medida de este tipo genera desconfianza en el país a la hora de atraer inversiones extranjeras. Mi gobierno ha emitido ya un comunicado en el que dice que está analizando la situación y va a hacer el seguimiento de cómo evoluciona el caso y, en su momento, quizá haga un pronunciamiento”, agregó Santos. “Es necesario aclarar cuanto antes el panorama jurídico inversor en Bolivia. Por eso llevamos tiempo subrayando la necesidad de que haya una ley de inversiones extranjeras para que las empresas sepan en qué sectores deben poder invertir o deben poder moverse”, agregó Santos y abogó por una compensación justa para su país. La ley de inversiones que reclama sería para satisfacer las necesidades de multinacionales extranjeras, no para cuidar los intereses del país.

Como parte del 1º de Mayo, el gobierno también decretó un aumento de salarios del ocho por ciento, con lo que el mínimo nacional subió de 815 pesos bolivianos a 1000 pesos bolivianos. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el incremento por considerarlo insuficiente y advirtió que este jueves definirá medidas de protesta, que podría incluir un paro de 72 horas. Mientras tanto, siguen las protestas y huelgas en distintos sectores en reclamo de mejores condiciones laborales. Las medidas de fuerza de médicos y trabajadores de la salud ya llevan 35 días.