El Senado de la provincia de Buenos Aires dio ayer media sanción a una reforma impositiva que despertó la oposición de las cámaras patronales agropecuarias, que intentaron evitar el avance de la iniciativa forzando el ingreso a la Legislatura. La furia empresarial, encabezada por el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, se desató por la actualización en la valuación de las tierras. Las modificaciones permitirán incrementar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en 300 millones de pesos anuales, un aumento del 30 por ciento anual. El proyecto corrige ine-quidades en el valor fiscal de la hectárea en la provincia que creaba situaciones inverosímiles, donde el impuesto que debía pagar, por ejemplo, un terrateniente de Lobos era levemente superior al que ingresaba por patentes el dueño de un Renault Sandero modelo 2010. Además, los cambios obligarán a los propietarios rentistas que no explotan sus campos a pagar bienes personales a nivel nacional. En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria no logró reunir el quórum necesario para sesionar y la reforma, que además amplía la capacidad de endeudamiento de la provincia y modifica las alícuotas de ingresos brutos y sellos, sería tratada el próximo miércoles.

El valor fiscal de la tierra en la provincia de Buenos Aires está congelado en niveles muy bajos desde los años noventa, cuando gobernaba Eduardo Duhalde. El debate para actualizarlos comenzó hace cinco años pero no prosperó. La disminución de los recursos de coparticipación que reciben los municipios bonaerenses este año, partidas por alrededor de 900 millones de pesos que pasaron a estar afectadas al financiamiento educativo, activaron el reclamo de los intendentes hacia el gobernador Daniel Scioli. Ante la imposibilidad de volver a recurrir al endeudamiento externo, por las elevadas tasas de interés, y la incertidumbre económica global, la provincia dispuso modificar distintos impuestos, ampliar las posibilidades para emitir deuda en moneda local y aprovechó el escenario para comenzar a corregir las inequidades en el impuesto inmobiliario rural. Los cambios propuestos en la materia no sólo amplían la recaudación de la provincia de 1000 a 1300 millones de pesos anuales, sino que llevarán a muchos terratenientes rentistas a pagar bienes personales a nivel nacional.

“Esto va a ser peor que la [Resolución] 125”, amenazó ayer Biolcati, colgado desde una columna en uno de los ingresos a la Legislatura en La Plata. El ruralista le hablaba a un público que, según afirmaron desde el Ejecutivo provincial a este diario, no sólo estuvo compuesto por empresarios, sino que contó con “fuerzas de choque de la Uatre”, el sindicato rural que conduce Gerónimo Venegas. El violento intento de los representantes de Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural para evitar la sanción del proyecto en el Senado contabilizó forcejeos con la policía y también con militantes de La Cámpora (ver aparte). “Si esta ley se sanciona las consecuencias para los productores van a ser terribles”, afirmó el titular de la SRA desempolvando los pronósticos que reitera en cada reclamo patronal.

“Tienen derecho a reclamar y hacer una defensa corporativa pero eso no los habilita a generar episodios de violencia. Las amenazas del titular de la Sociedad Rural a los legisladores recordando que ‘tienen que volver a sus pueblos’ son temerarias”, señaló el ministro de Asuntos Agrarios provincial, Gustavo Arrieta, quien aseguró que volverá a recibir a las cámaras empresarias una vez que se apruebe el proyecto.

El congelamiento en la valuación fiscal de la tierra generó un fuerte atraso y profundas situaciones de injusticia fiscal. En distritos donde el precio de la hectárea supera los 10 mil dólares, el valor que se toma en cuenta para pagar el impuesto inmobiliario no supera los 250 dólares. Así, muchos empresarios terminan pagando menos impuestos por sus tierras que por la patente de sus autos. Según explicó a Página/12 la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, con los aumentos el valor fiscal de las propiedades rurales pasará a representar alrededor del 50 por ciento del precio de mercado. Junto con las su-bas, que también estarán acompañadas por mejoras en los registros catastrales, se aplicará una baja en las alícuotas que amortiguará el incremento en el impuesto. En promedio, los aumentos serán del 40 por ciento, pero en algunos será significativamente mayor –Carbap estimó que podría superar 700 por ciento– porque se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias.

Batakis señaló que sobre un total de 19 millones de hectáreas productivas, en cuatro millones el impuesto que pagarán sus propietarios será inferior al que abonan hoy. Pero, incluso en esas áreas, el valor fiscal de la tierra será actualizado. La principal preocupación de las cámaras patronales agropecuarias es que el aumento en la valuación de la hectárea elevará el precio fiscal de sus campos al punto de que serán alcanzados por el impuesto a los bienes personales nacional. Si 100 hectáreas en Lobos tenían un valor fiscal de 400 pesos la hectárea, esa tierra pagaba impuestos por 40 mil pesos, por debajo del límite de 305 mil pesos a partir del cual se deben pagar bienes personales. Cuando se apruebe el proyecto, esa propiedad tendrá un valor para el Estado cercano a los 800 mil pesos. El detalle que destacaban anoche Batakis y Arrieta es que los productores, quienes trabajan sus tierras, están exentos por ley de pagar bienes personales por esas propiedades. Sin embargo, deberán comenzar a ingresar el impuesto aquellos que son rentistas, lo que exaltó a Biolcati.